En la audiencia anterior del 9 de diciembre habían comenzado las ampliaciones indagatorias a los imputados que decidieron hacerlo, etapa que se completó este jueves 10 de diciembre. Siete de los 18 acusados terminaron de ampliar sus declaraciones de manera remota. Por su parte, el ex militar José Hugo Herrera, lo hizo dentro del recinto.
A través de argumentos inválidos, intentaron descalificar la legitimidad del juicio. Además, no aportaron datos de relevancia, centrando en muchos casos sus críticas a la fiscal instructora Graciela López de Filoñiuk.
Este proceso que juzga a 18 ex militares y policías por secuestros, torturas y homicidios durante el terrorismo de Estado en la Argentina, se compone a partir de la acumulación de las causas Diedrichs y Herrera.
Con respecto a los delitos que se juzgan, en la causa Diedrichs se juzgan tres hechos cometidos entre el 29 de junio y el 15 de agosto, contra 7 víctimas. Respecto a la causa Herrera, los hechos que se investigan fueron cometidos entre el 26 de marzo y 10 de septiembre de 1976, en perjuicio de 36 víctimas.
De las 43 víctimas que tienen ambas causas sólo 9 son sobrevivientes. El resto fueron asesinadas o continúan desaparecidas a causa del terrorismo de Estado perpetrado.
Ampliación declaratoria de los imputados
El primero en brindar su ampliación indagatoria fue el ex policía provincial, Yamil Jabour. Quien apuntó contra el Tribunal: “El señor juez me asigna participación. Por esa acusación ambigua, arbitraria, imprecisa, me impide que pueda ejercer una defensa material por la imprecisión”.
Sin embargo, afirmó haber formado parte en “dos procedimientos de calle”, y aseguró que a quienes fueron detenidos se les había tomado “indagatoria”. Pero se excusó con que ese no era su rol, por lo tanto “no tuvo ninguna responsabilidad”.
Los acusados Carlos Yanicell y Ricardo Lardone, en sus ampliaciones indagatorias, negaron su relación y culpabilidad con los hechos imputados. Además, exoneraron responsabilidades hacia otras fuerzas de seguridad como Gendarmería y la Justicia Federal.
Acosta contra el juez Jaime Díaz Gavier
Luego se conectó con el Tribunal, Jorge Exequiel Acosta, ex militar que llevó a cabo las tareas del Grupo de Operaciones Especiales. Fue el encargado de materializar todo lo diseñado, ordenado y retransmitido por Luciano Benjamín Menéndez hasta 1977, cuando fue destinado al Batallón de Inteligencia 601.
En su ampliación indagatoria, apuntó contra uno de los jueces que integra el Tribunal, Jaime Díaz Gavier, acusándolo de ensañamiento “ya fui juzgado y condenado”.
Una de las misiones del grupo de “Operaciones Especiales” consistía en la obtención de información para la realización de las tareas de Inteligencia, esto se concretaba en allanamientos ilegales, secuestros de personas, robo de bienes, obtención de documentación, traslados de los detenidos al campo de concentración La Perla, su sometimiento a interrogatorios con la aplicación de todos tipo de Tormentos físicos y psíquicos.
El imputado Alberto Lucero también dijo ser “ajeno a todos los hechos que se me imputan”, precisó que “en ninguna de las causas en las que he sido condenado figura mi nombre y apellido” y que afronta este proceso y los anteriores “solo por pertenecer al D2”.
Otro de los acusados, Emilio Morard, a través de videoconferencia admitió haber participado en el Destacamento de Inteligencia 141. Allí actuó bajo el nombre ficticio de Esteban Merlo.
No obstante, justificó su accionar bajo el artilugio de que “fue una guerra”. Agregó que en la mayoría de los juicios que se desarrollaron en el mundo “nunca se persiguió a alguien sin mando, solo a los jerarcas”.
Otra vez, Arnoldo ‘Chubi’ López
Entre las últimas ampliaciones indagatorias receptadas por el Tribunal, volvió a declarar Arnoldo ‘Chubi’ López. Quien cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros. Fue condenado en 2016 en el marco de la megacausa «La Perla-La Ribera», luego de haber sido imputado por 1.037 delitos.
En su ampliación indagatoria apuntó contra el abogado querellante Claudio Orosz y restó valor a los testimonios de las víctimas. Denunció al actual gobierno porque a su criterio “Todos estos juicios son políticos”.
En el cierre de su declaración, justificó haciendo uso de la teoría de los dos demonios el terrorismo de Estado perpetrado durante la última dictadura cívico-militar. “No hubo persecución sino acción del Estado para frenar a grupos terroristas armados”.
Un acusado en la sala
La última de las ampliaciones indagatorias estuvo a cargo de Hugo Herrera. Debido a una falla técnica en la transmisión de la videoconferencia, decidió culminarla al día siguiente de manera presencial.
Durante la decimoquinta audiencia, el acusado se desligó de los hechos “no tengo nada que ver”. Además, tuvo un entredicho con la jueza Carolina Prado con respecto a los delitos que se le imputan.
Comenzaron los alegatos
Terminada la ronda de ampliaciones declaratorias, la jueza a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, Carolina Prado, dio inicio a la recepción de las conclusiones finales. Los primeros en fueron los representantes de las querellas, los abogados Claudio Orosz y Lilian Luque.
En primer lugar, recordaron en nombre de quienes hablan, porque «es importante». «Querellamos en conjunto por la familia Arias Cuello, Soulier Díaz Ríos, Mónica Solodky de Donemberg”, agregaron.
Por su parte, el abogado Claudio Orosz destacó su representación exclusiva ante la causa del asesinato de Claudio Román como funcionario público del Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos en la Secretaría de DDHH de la Nación.
“Con respecto al hecho número 1 de la requisitoria de elevación a juicio de la causa Diedrichs por Claudio Román exclusivamente, puedo alegar yo en representación como funcionario público”.
Además, destacaron: “Vamos a hacer uso de todo tipo de prueba, todos aquellos indicios que nos lleven a una única conclusión”. Dejaron claro su fuerte deseo de obtener justicia.
