En la decimonovena audiencia y primera del 2021, la jueza a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, Carolina Prado, dio inicio a un nuevo año. En esta jornada se reanudaron las audiencias del proceso judicial que juzga a 18 ex militares y policías por secuestros, torturas y homicidios durante el terrorismo de Estado en la Argentina.
Durante la última audiencia del año 2020, el tribunal terminó con las conclusiones finales. En esa oportunidad, la querella a cargo de los abogados Lyllan Luque y Claudio Orosz pidió perpetua para todos los acusados.
A su turno, la defensa compuesta por la Dra. Bazán, el Dr. Belagardi y el Dr. Altamira, solicitó la absolución de los cargos impuestos a sus asistidos. Por su parte, la fiscalía solicitó perpetuas y hubo sorpresivos pedidos de absolución.
El pedido de la fiscalía
En esta jornada el tribunal dio lugar al derecho de réplica solicitado por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Maximiliano Hairabedián. Se apuntó a nuevos asuntos introducidos por la defensa que buscan la nulidad del alegato y la petición de penas por parte de la fiscalía.
Hairabedián expresó que la defensa pretende morigerar las condenas y que le exigen la nulidad por poner la misma severidad y condena sin hacer una distinción de mandos y responsabilidades.
“El Código Penal es el que no distingue sobre esto en homicidio calificado ya que tiene pena única prisión perpetua”, señaló el fiscal.
La defensa fue en contra de la calificación agravante de los hechos debido al contexto de terrorismo de Estado, adjudicando que esto ya se encuentra contemplado dentro del tipo penal. “Yo he pedido penas según el código vigente y no he encontrado que en los tipos penales esté contemplado”, respondió Hairabedián.
Otro de los planteos, fue la nulidad de la elevación a juicio debido a la indeterminación de los hechos. Es decir, se cuestiona el juicio en su totalidad por falta de pruebas según la perspectiva de la defensa.
“Hechos que todos dicen quién, cómo, dónde y cuándo en la pieza acusatoria, esto ya se había pedido y fue rechazado con anterioridad”, volvió a contrarrestar la fiscalía.
Condenas reparatorias
Asimismo, la defensa también solicitó la extinción de la acción penal. Sin embargo, Hairabedián apuntó a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad “por criterios de la Corte y que comparte tanto el tribunal como la Cámara de Casación Penal”.
La fiscalía aclaró que “en ciertos delitos por más que los acusados ya están condenados, una nueva sentencia y por consiguiente la condena es reparador para las víctimas que tanto tiempo llevan esperando justicia”, señaló ante el pedido de no volver a condenar a los acusados por parte de la defensa.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal solicitó al tribunal rechazar todos los planteos formulados por la defensa.
La defensa pidió bajar las penas
La defensora pública Natalia Bazán hizo uso de su derecho a réplica ante el tribunal. Expresó que los planteos que habían solicitado fueron fundados y respecto a lo que solicitó la fiscalía realizó varios planteos.
“Uno de los puntos que quiero refutar es respecto a la imposición de la pena con respecto a la mensuración y la falta de proporcionalidad según los grados que cada uno tenía”, describió la defensa.
Además, se fundó en principios internacionales constitucionales sobre la proporcionalidad de la pena y de humanidad para el beneficio de sus asistidos.
Apuntó a la violación de la duración del plazo razonable del proceso. “Este juicio lleva diez años, y el fiscal justificó esto debido a la gravedad del delito y la complejidad de la investigación”, señaló pero volvió a denunciar la violación de garantías procesales de los acusados.
Por último, destacó la conducta de los imputados, “la voluntad de comparecer” ante las instancias solicitadas por el Poder Judicial. También, volvió a pedir al tribunal la extinción de la acción penal, la nulidad por indeterminación y que se rechace el planteo de la fiscalía.
Otro de los abogados defensores que tomó la palabra fue el Dr. Belagardi, quien adhirió al pedido de la Dra. Bazán y lanzó varias críticas a la posición del Ministerio Público Fiscal.
Exigió una mejor proporcionalidad y humanidad de la pena, señaló que sus asistidos ya han cumplido condenas y que debido a la avanzada edad se debería reveer y morigerar sus penas.
Finalmente, la jueza a cargo del Tribunal, Carolina Prado, solicitó un cuarto intermedio hasta el 22 de febrero a los fines de la recepción de la ultima palabra por parte de los acusados y la lectura del veredicto final.
