Este miércoles se juzgó a los ex policías provinciales Fernando Sebastián Mendoza, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscar Insaurralde, Antonio Rubén González, Omar Epifanio
Molina y Germán Raúl Chartier; todos detenidos en prisión domiciliaria.
Fueron imputados por los cargos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos contra once víctimas, en su mayoría militantes del PRT que trabajaban en el frigorífico Nelson. Los hechos ocurrieron en los primeros meses de abril de 1980.
Un niño testigo del horror
Entre las personas detenidas estuvo Catalino Páez, referente del PRT en la Provincia, quien fue secuestrado junto a su esposa, su hijo de 14 años y otros miembros de su familia. Este joven fue quien reconoció al Departamento de Informaciones de Santa Fe como «un sitio emblemático del terrorismo de estado» durante una de las inspecciones oculares.
En dicha visita Mario Páez quien, al momento de los hechos investigados, tenía 14 años. Reconoció el lugar donde lo mantuvieron secuestrado durante un mes y medio, donde vio como golpeaban a su madre embarazada, a su padre desfigurado por la tortura y a su tío en igual situación.
La causa de Laguna Paiva puso por primera vez en escena judicial la persecución al Partido Revolucionario de los Trabajadores en la zona. La mayoría de las víctimas trabajaban en el frigorífico Nelson, donde habían conformado una agrupación sindical denominada La Lucha, y fueron secuestradas a partir de 1980.
Persecución a «La Lucha»
Se trató de persecución política sobre trabajadores que habían tenido actividad en
el Frigorífico donde conformaron la agrupación sindical “La Lucha”, también de trabajadores ferroviarios en Villa Paiva y de Villa Constitución, todos militantes del PRT y del FAS.
Los hechos tuvieron lugar entre febrero y abril de 1980 en Laguna Paiva, Santa Fe, Villa Constitución y en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Las víctimas, que fueron toturadas, permanecieron detenidas en las comisaría de Laguna Paiva y de Villa Constitución; en la Guardia de Infantería Reforzada; y en el Departamento de Informaciones D-2.
La mayoría de las víctimas trabajaba en el frigorífico Nelson, de la localidad Laguna Paiva, y eran activos integrantes de la agrupación sindical La Lucha. Otros eran trabajadores ferroviarios y militantes del Frente Antiimperialista por el Socialismo.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, tras sus secuestros y torturas, «la mayoría de ellos fueron procesados y luego condenados por violaciones a la ley de seguridad nacional, denominada entonces como ‘antisubversiva’, que fue utilizada por la dictadura para criminalizar la militancia y dotar de ‘legalidad’ a la persecución política».
En sus declaraciones, las víctimas reconocieron los lugares de detención y a algunos de los acusados, como el caso de Riuli, quien tras su paso por la Policía ejerció como periodista y animador de bailes y otros acontecimientos públicos de la localidad de Laguna Paiva.
Sentencia
A las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal el tribunal restó el tiempo de prisión, pero no hubo absoluciones y revocó la domiciliaria indicando cárcel común para todos.
Esta fue la primera condena para los seis acusados. La pena más alta fue para Guillermo Raúl Chartier, quien era jefe del Departamento de Informaciones (D2) de Santa Fe, donde funcionó el centro clandestino de detención al que fueron llevadas las 11 personas. Fue condenado a 16 años de prisión como autor mediato de los secuestros y tormentos.
El resto de los acusados recibieron penas de entre 6 años y 6 meses de prisión y de 5 años. Estos fueron los ex oficiales del D2 Eduardo Enrique Riuli y Rubén Oscar Insaurralde; el ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Sebastián Mendoza, y los ex cabos Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina fueron condenados a 5 años de prisión.
