El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 29 militantes o allegados al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la primera quincena de agosto de 1976 en la ciudad de Rosario, también conocido como “causa Klotzman”, llegó a su fin.
Cuatro imputados, juzgados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, supresión de identidad, sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y asociación ilícita, escucharon el veredicto en el TOF 2 de Rosario el 29 de julio.
Se trata de Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, miembros de la Delegación Rosario de la Policía Federal, y Jorge Alberto Fariña, quien era capitán en el Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército.
Perpetradores del horror
Jorge Alberto Fariña, retirado del Ejército Argentino destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, condenado en anterior oportunidad y tres ex agentes de la Policía Federal Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López quienes afrontaron su primer juicio por delitos de lesa humanidad.
Además, Fariña fue responsabilizado por la apropiación de la hija de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman, ambos desaparecidos. La niña nació durante el cautiverio de su madre y en 2011 recuperó su verdadera identidad.
Fueron 29 las víctimas que estuvieron en cautiverio en la Quinta Operacional de Fisherton, eran militantes o tuvieron vinculación con el PRT-ERP. Sus desapariciones ocurrieron en agosto de 1976 donde participaron fuerzas conjuntas.
Este juicio, que inicio en setiembre de 2020, contó entre los testigos con un sobreviviente de ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio, Fernando Brarda.
Los hechos
Los hechos que se investigaron en esta causa ocurrieron en el lapso de tres meses, en su mayoría en la primera quincena de agosto de 1976. Fue una seguidilla de secuestros, asesinatos y desapariciones de 27 militantes y dirigentes del PRT ERP en la ciudad santafecina.
En todos los casos el modo de operar de las fuerzas represivas fue similar: se realizaron operativos conjuntos del Ejército y de la Policía Federal y las víctimas fueron llevadas al centro clandestino de detención conocido como Quinta de Fisherton, en las afueras de la ciudad de Rosario.
La mayoría de las víctimas fue asesinada o permanece desaparecida. El único sobreviviente de esta causa es Fernando Brarda, quien no pertenecía a la organización. Su testimonio fue clave ya que logró reconocer en ese lugar de detención a varias de las víctimas, siendo que algunas habían trabajado en la fábrica de su familia. Otros dos sobrevivientes de la Quinta de Fisherton declararon en el juicio, aunque sus casos no fueron parte del expediente.
Robo de bebés
Este fue el primer caso de apropiación juzgado en Rosario. Durante el debate también se investigó lo ocurrido a Isabel Ángela Carlucci, María Laura González y Liliana Beatriz Girardi, quienes estaban embarazadas al momento de sus secuestros, pero aún se desconoce el destino de sus hijos o hijas.
Fariña fue considerado «coautor penalmente responsable por la sustracción de una menor de 10 años, calificándolo como crimen de lesa humanidad» en perjuicio de María Pía Josefina Kertz, hija biológica de Cecilia Beatriz Barral (dio a luz en cautiverio) y Ricardo Horacio Klotzman, quien fue entregada a una familia de Santa Fe en aquel entonces y luego resultó ser la nieta recuperada 103 en 2011.
La sentencia
El tribunal integrado por los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez, y la jueza Mariela Emilce Rojas condenaron a prisión perpetua a tres ex policías federales y un militar de Inteligencia retirado.
Las penas, coincidentes con las solicitadas por el fiscal Adolfo Villatte, por querellantes particulares, Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Asociación Civil de Abuelas de Plaza de Mayo y por la Asamblea Permanente de DDHH, fueron leídas por el presidente del Tribunal, el juez Eugenio Martínez Ferrero.
Villate sostuvo que “los hechos están suficientemente probados y con el grado de certeza requerido para un veredicto de condena”, al acusar a los imputados por homicidios, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en el caso de los policías.
Además, solicitó que esos hechos fueran “calificados como delitos de lesa humanidad” por cuanto “formaron parte de un plan sistemático y generalizado que se llevó adelante en contra de la población civil”.
Las víctimas
Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman y la hija de ambos, recuperada en 2011; Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, Maria Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.
