El pasado 2 de agosto, el TOF de Bahía Blanca compuesto por Roberto Daniel Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido condenó a prisión perpetua a Roberto Aceituno (70 años) por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía, del cual fue víctima David Cilleruelo y por el delito de asociación ilícita.
Los hechos que se juzgaron en este debate oral y público, que comenzó el 9 de marzo de 2020, fueron perpetrados por integrantes del grupo paraestatal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), cuyas conductas criminales formaron parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población que se desarrolló en el marco de una política de terrorismo de Estado en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
Terrorismo de Estado
La CNU (Concentración Nacional Universitaria) fue una organización terrorista ultraderechista responsable de múltiples asesinatos a militantes del peronismo revolucionario y otras tendencias de izquierda en Argentina desde 1971. Luego, en 1973, apareció la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) con quien se fusionó hasta el golpe militar donde los integrantes de ambos organismos formaron parte de los grupos de tareas dirigidos por las Fuerzas Armadas.
Varios integrantes de la CNU y personas relacionadas a esa agrupación se instalaron en estructuras del Estado como Universidades, estamentos Judiciales, sectores del aparato sindical, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Nunca funcionó como una banda aislada sino como parte del accionar represivo del Estado articulando su accionar con la Triple A.
En agosto de 1974 fue nombrado como interventor en el Ministerio de Educación el peronista ortodoxo Oscar Ivanissevich; desde entonces todos los ámbitos educativos de Argentina fueron intervenidos con personajes de los servicios de seguridad. En la Universidad del Sur encabezó el rectorado un ser oscuro, con antecedentes como miembro de la organización ultraderechista Guardia de Hierro de Rumania, cuyo slogan era Equipo de la Muerte, su nombre Remus Tetu.
Remus Tetu se relacionó con Raúl Guglielminetti, secretario del Rectorado en la Universidad del Comahue, más adelante en funciones dentro de la Policía Federal en Neuquén. También con el diputado nacional Rodolfo Ponce, con la CGT regional, con la Curia Eclesiástica, con la familia Massot dueños del Diario La Nueva Provincia. Todos ellos manejaron el anclaje estatal del terror que se conoció como AAA. Además, contrató a un grupo de tareas que, dirigidos por los mencionados amenazaron, persiguieron, torturaron y mataron a trabajadores, sindicalistas, sacerdotes tercermundistas, estudiantes y militantes.
Esta se sentencia, es un primer paso en la pelea por justicia contra el despliegue represivo comandado por Rodolfo Ponce (secretario general de la CGT Bahía Blanca y legislador por el FreJuLi) y Remus Tetu (interventor de la UNS, ligado al nazismo) que antecedió al golpe cívico, eclesiastico y militar del 76.
Los imputados
En la causa se encuentran imputados Roberto Aceituno (70 años), Juan Carlos Curzio (76), Héctor Angel Forcelli (71) y Osvaldo Omar Pallero (78), acusados de integrar una asociación ilícita y de homicidio en perjuicio de 24 personas.
Además a Aceituno se lo acusó de ser uno de los autores del asesinato del estudiante David «Watu» Cilleruelo en las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur.
Cabe recordar además que otro hecho histórico durante este juicio fue el procesamiento del ex Triple A y servicio de inteligencia del Batallón 601, Néstor Montezanti, quien se había mantenido casi medio siglo impune, ejerciendo como docente de derecho en la UNS y cabeza del Poder Judicial bahiense hasta 2016.
Sentencia
El veredicto leído por el juez Roberto Daniel Amábile estableció la pena de prisión perpetua para Raúl Roberto Aceituno como coautor del homicidio doblemente calificado del estudiante de la Universidad Nacional del Sur David Hover” Watu” Cilleruelo y diez años de prisión por considerar coautores del delito de asociación ilícita a Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. En todos los casos las calificaciones de los delitos fueron encuadradas como crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 víctimas.
El TOF de Bahía Blanca ha juzgado a esta patota por los delitos de lesa humanidad cometidos durante 1974/1975, pero sólo a cuatro porque los demás han muerto sin condena. Sin embargo, según palabras del auxiliar de Fiscalía Pablo Fermento en su alegato “la condena es una gran base sobre la cual seguir trabajando”.
Además, el Tribunal ordenó el envío del veredicto condenatorio a la UNS y a la UTN para que evalúen una serie de medidas reparatorias solicitadas por la Fiscalía en su alegato. Una es la anulación de las resoluciones con las que Tetu declaró cesantes a docentes, no docentes y estudiantes en esa casa de altos estudios. Otra es el otorgamiento del título Doctor Honoris Causa a Cilleruelo –homenaje que ya está en camino–. Y la tercera apunta a señalizar el predio universitario con indicaciones “instaladas en espacios de circulación” de gente que informen sobre “la puesta a disposición de instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados”, planteó el fallo.
