Desde marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín investiga los hechos ocurridos contra militantes de la llamada Contraofensiva de los Montoneros. Se trata de un proceso histórico caracterizado por juzgar toda la estructura de inteligencia del Ejército Argentino. En la nota, los detalles del juicio ‘Contraofensiva Montonera’.
Montoneros: lucha, clandestinidad y disolución
La organización armada peronista Montoneros surgió en la década de 1970, con reivindicaciones políticas que se desarrollaban desde la resistencia al golpe de estado de 1955.
Nació de la convergencia de agrupaciones del sindicalismo y de juventudes de origen peronistas. Luego tuvo un impulso importante en 1973 durante la campaña electoral y la consecuente llegada al poder del peronismo, después de años de proscripción. Su ideal era la construcción de un Poder Popular bajo la consigna “Liberación o dependencia”.
En medio de las intrincadas relaciones políticas y de intereses, no tardaron en llegar a la superficie las divergencias existentes entre los grupos de izquierda y los sectores ortodoxos del peronismo. Esto obligó a Montoneros a pasar a trabajar desde la clandestinidad como una forma de proteger sus propias organizaciones. Durante el período dirigido por Isabel Martínez de Perón, con la aparición de la Triple A, se vieron obligados a buscar otras estrategias de lucha.
Montoneros trabajaba desde una defensa activa cuando los militares dieron el golpe de estado e instalaron la conocida dictadura cívico militar. Una feroz represión llevada a cabo por las Fuerzas Armadas diezmó la organización. Muchos militantes fueron detenidos, pero gran número se encontraba desaparecido y otro exiliado.
La «Contraofensiva Montonera»
A fines de 1978, se delineó un plan de reagrupamiento de sobrevivientes de la represión exiliados en México, Cuba y España. El fin era ejecutar acciones armadas y de propaganda junto a los que aún vivían en el país. Fueron Roberto Perdía y Mario Firmenich quienes idearon esta unificación a la que le llamaron “Contraofensiva Montonera”.
Formaron dos estructuras sin relaciones entre sí: las TEA, Tropas Especiales de Agitación y las TEI, Tropas Especiales de Infantería. Las primeras se ocuparían de agitación y propaganda. Las segundas, atacarían las comunicaciones, el transporte y a miembros del equipo económico de la dictadura.
En agosto de 1979 comenzó una brutal persecución y represión a integrantes de las TEA que se desplegó desde Inteligencia Militar. Su objetivo no se limitó a nuestro país, sino que avanzó sobre territorios de frontera como Paraguay, Brasil, Perú. Incluso llegó a España, con la marcada intención de aniquilar la organización en su totalidad. A fines de 1980 ya habían logrado su propósito con más de cien militantes caídos.
Cuarenta años después de aquellos hechos se lleva a cabo en Tribunal Federal Oral de San Martín, Provincia de Buenos Aires, el juicio conocido como “Contraofensiva Montonera” con el fin de responder a un derecho del pueblo que es “conocer la verdad”.
De 48 inculpados, sólo 6 son juzgados
En un prolongado estudio de los casos que llegaban al Juzgado Federal a cargo de la jueza Alicia Vence, se estableció la importancia de investigar 94 hechos de “terrorismo de estado y delitos de lesa humanidad” cometidos contra militantes de la organización Montoneros entre agosto de 1979 y setiembre de 1980. Se llevó a cabo la etapa de Instrucción, la cual recibió la aceptación para elevación a juicio que recayó en el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín.
“Hechos de terrorismo de estado”, ya que se trataría de demostrar la intervención del estado Mayor del Ejército, Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército, Batallón 601 de Inteligencia de Campo de Mayo, Destacamento 201 de Inteligencia, el Comando de Institutos Militares también de Campo de Mayo, zona de defensa IV. Además del rol que les cupo a Gendarmería, Policías Federal y Provinciales.
“Delitos de lesa humanidad», por considerarse atroces e inhumanos y tratarse de ataques sistemáticos contra población civil. Delitos que no prescriben.
Al juez Esteban Rodriguez Eggers, junto a sus colegas María Claudia Morguese Martín y a Matías Alejandro Mancini, les correspondió la tarea de llevar adelante el juzgamiento de los seis imputados en la causa denominada ‘Contraofensiva Montonera’.
Por el Ministerio Público Fiscal se encontraron el abogado Marcelo García Berro y como fiscal auxiliar, la abogada Gabriela Sosti. Varios fueron los querellantes, entre ellos el abogado Pablo Llonto y el organismo Abuelas de Plaza de Mayo, ya que también se trataron casos de niños apropiados.
En un inicio hubo 48 inculpados de los cuales, con el paso de los años, fallecieron la gran mayoría. Quedaron vivos 9 durante la Instrucción. Después la lista volvió a achicarse hasta llegar a 6.
El esperado inicio de la etapa testimonial
Durante el proceso, cinco de los seis imputados gozaban de arresto domiciliario, mientras Cinto Courteaux se mantuvo detenido en la unidad carcelaria n° 31. Sus nombres: Jorge Norberto Apa, Roberto Bernardo Dambrosi, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri, Luis Ángel Firpo y Marcelo Cinto Courteaux. Los dos últimos estuvieron prófugos durante la instrucción.
El martes 26 de marzo de 2019 dio comienzo la etapa testimonial del que sería un extenso juicio por tratarse de 250 testigos. La ‘Contraofensiva Montonera’, juicio que más tarde se extendería debido a la pandemia, hasta que se convino en mantener audiencias de forma remota.
En su desarrollo, este juicio ha tenido variados y contundentes episodios. El primero fue la presencia de Roberto Cirilo Perdía como testigo. En una larga alocución se explayó acerca del contexto político del país en aquellos años, lo que motivó la decisión de la cúpula orgánica de Montoneros a reagruparse junto con sectores populares de resistencia.
Hizo referencia a la situación económica, a la renuencia sindical, mostró recortes de prensa y citó documentos de la conducción partidaria. Hubo intentos fallidos de la defensa por interpelar a Perdía acerca de la lucha armada, pero desde la fiscalía se lo desautorizó, atendiendo a que en ese acto no se juzgaba el accionar de Montoneros.
Cuatro décadas después, reconocer a su secuestrador en pleno juicio
Otro suceso que dejó su impronta fue el inesperado reconocimiento, por parte de una víctima, de un ex policía de Inteligencia de Policía Federal que había sido citado a declarar como testigo no imputado.
Mientras Roberto Álvarez respondía a las requisitorias del tribunal, una sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo y querellante en la causa, Elizabeth Aixa Bona, que seguía la audiencia en forma virtual, reconoció el rostro y la voz de Álvarez como quien la trasladó desde Campo de Mayo hasta la comisaría de San Martín.
“Mi padre participó en los vuelos de la muerte”
En otro momento del juicio, Pablo Verna hijo de un genocida, declaró, y lo dicho fue impactante. “Julio Alejandro Verna, que es mi padre, participó en los vuelos de la muerte, me lo admitió en una charla que tuvimos en el año 2013, inyectando a las personas que luego eran arrojadas al mar».
«También participó en un hecho muy terrible, que se lo comentó a otro familiar, en el cual cuatro personas fueron inyectadas con esas anestesias con las cuales seguían respirando, y arrojan su auto al agua simulando un accidente”, agregó.
Esas cuatro personas arrojadas al agua fueron Susana Solimano, Alfredo Berliner, Julio Suárez y Diana Shatz. Sus muertes forman parte de la investigación en este juicio y la declaración de Pablo Verna ha sido trascendente. Verna no es el único caso de hijos/as de genocidas que reniegan de sus progenitores, se autodenominan “hijos desobedientes”.
Cabe aclarar que el médico militar de Campo de Mayo, Julio Alejandro Verna aún no ha sido juzgado por los delitos mencionados.
Infancias robadas
Hubo testimonios claves como el de Silvia Tolschinsky. Por el tiempo que la mantuvieron secuestrada y los recorridos por donde la hicieron ir, pudo reconocer lugares, ver a muchos compañeros y saber del final de ellos.
También el testimonio de jóvenes que al momento de los hechos eran niños. Reconocieron haber estado secuestrados por agentes represivos de personal femenino del Batallón 601 y de la brigada femenina de San Martín que funcionaban como carceleras. Ahí la tortura psicológica fue brutal.
Cuando Martín Mendizábal desde el estrado, comenzó a ilustrar sus recuerdos, los presentes sintieron que era la propia memoria quien hablaba. La infancia no se recaptura en imágenes adultas, por eso, al retroceder a su niñez pudo trasmitir el horror vivido en su justa dimensión.
“No recuerdo, señor”, la excusa perfecta
En la audiencia 38 del juicio ‘Contraofensiva Montonera’ prestó testimonio el médico militar Gabriel Salvador Matharan. En el tiempo que se investiga, ocupaba el cargo de jefe de enfermería en el Puesto 5 de Infantería del Ejército de Paso de los Libres. Lo peculiar de ese día fue la cantidad de negaciones. Ante las preguntas que se le hacían desde la fiscalía, respondió 9 veces “no lo conozco” y 46 “no recuerdo, señor”.
Pretendió escudarse en su desmemoria y provocó repulsión absoluta. Su participación en una supuesta autopsia, según aparece firmada en acta, del cuerpo de Gervasio Martín Guadix, esposo de Aixa Bona, demuestra su colaboración con una de las macabras escenas ‘plantadas’ por el Ejercito desde el órgano de Inteligencia del Batallón 601 con la implicancia de Gendarmería en la frontera entre Corrientes y Uruguayana, Brasil.
En aquel hecho, un miembro de las fuerzas armadas simuló un falso suicidio al ingerir presunto cianuro antes de gritar “soy montonero y me suicido”. Al militante ya lo habían asesinado. En la prensa escrita, figuró como el suicidio de un montonero.
Eran tiempos en que los dictadores se veían acosados desde el exterior por la Comisión de DDHH de la OEA y usaron el caso Guadix en un intento por demostrar el accionar subversivo, donde uno de sus actos era la auto eliminación.
A la memoria de Víctor Basterra
Sin lugar a dudas el momento en que entró a la sala de audiencias Víctor Basterra fue el de mayor emoción. Existe un agradecimiento generalizado hacia ese militante del Peronismo de Base que, a riesgo de su vida mientras su cautiverio en la Esma, se las ingenió para fotografiar los archivos que luego sirvieron para encarcelar a muchos represores en varios juicios y éste no sería la excepción.
Al veredicto de este juicio de la contraofensiva montonera no pudo vivirlo. Su imagen quedará en la historia como la valentía de un ser solidario. Proyectó su futuro en libertad, desde la penumbra del infierno, para dejar plasmada la crueldad sanguinaria en todos sus detalles.
Los alegatos
El día 29 de octubre comenzó el alegato por parte de la fiscalía. “[…]una de las muchas virtudes de este juicio y su singular impronta es que estamos juzgando a funcionarios de la estructura que ‘diseñó’, ‘planificó’, ‘instrumentó’, ‘analizó’, ‘documentó’, ‘llevó adelante’, es decir, hizo posible el mayor de los genocidios que padeció nuestro país”, expresó la fiscal Gabriela Sosti.
Y continuó su alegato: “El Ejército fue el responsable primario, el que lideró el embate, y la Inteligencia del Ejército fue su nervio y cerebro, la pieza vital para poner en funcionamiento el demencial y atroz dispositivo de tortura y muerte”.
Impecable razonamiento que demandó para su lectura casi cuarenta horas, a lo largo de siete audiencias del juicio ‘Contraofensiva Montonera’. Logró lo que parecía imposible: armar el rompecabezas en un enlace colectivo de las historias y sus secuencias. Le dio vida a los recorridos de militantes y sus familias.
Condesó información que transformó en evidencias claras, y lo hizo a partir de documentos desclasificados de la propia Inteligencia del Ejército fotografiados y aportados por Víctor Basterra, junto a documentos que los genocidas enviaban semanalmente a la Agencia de Inteligencia de EEUU, de los cuales algunos han sido rescatados.
Pruebas y relaciones concretas en el alegato de la fiscalía
Demostró que del Ejército y, a través de su estructura de Inteligencia, dependían todas las demás fuerzas y lo hacían de forma jerárquica. Todo se centralizaba en el Batallón 601.
Desde el plan Cóndor, el operativo Independencia, el Toba, hasta los aplicados entre 1979/80 que llamaron Operativos Murciélago. A todos ellos la abogada Gabriela Sosti los relacionó.
Explicó el motivo por el que no pudo intervenir en los casos de abusos sexuales y de menores por errores en el proceso de Instrucción y solicitó que próximamente se investigue sobre esos temas.
Describió a la Contraofensiva Montonera como “Militantes que decidieron hacer uso del derecho a la resistencia que tiene el pueblo frente a la violencia de los dictadores”.
Luego señaló el término genocidio con el que caracterizó los hechos ocurridos en nuestro país durante la dictadura cívico militar. Indicó que antes de ocurrido el golpe de estado ya estuvo planificado el accionar de los usurpadores del poder.
Hizo un recorrido histórico, a través de casi ochocientas filminas de documentos, de la estructura preparada para llegar al éxito del exterminio. Y puntualizó que el total de los delitos marcados en su alegato responden a una categoría, el genocidio, y no solo a conductas criminales.
Hizo hincapié en distinguir a los delitos de lesa humanidad como una parte del genocidio. Marcó que el terror estuvo dirigido a toda una población y existió un claro intento de destrucción de una identidad.
Pedidos de cárcel y perpetua a los culpables
Solicitó luego la pena de prisión perpetua como coautores del delito de privación ilegal de la libertad, tormentos reiterados y homicidios, todos ellos agravados por haber sido cometidos por funcionario público, para los seis imputados, Apa, Dambrosi, Bano, Ascheri, Firpo y Cinto Courteaux.
También que se revoque la prisión domiciliaria a los cuatro que mantienen esa situación y que sea en cárcel común. Cabe aclarar que el acusado Firpo violó la prisión domiciliaria durante este juicio y se lo trasladó a la Unidad carcelaria 34.
En la audiencia 61 del juicio, en el filo de la feria judicial, se escuchó el alegato del abogado Rafael Flores y se estableció un cuarto intermedio hasta el 4 de febrero de 2021, en que desarrollaría su alegación el abogado Pablo Llonto.
El alegato de la querella
Finalmente, el jueves 4 de febrero, fue el turno del alegato del abogado y periodista Pablo Llonto. En una audiencia de más de tres horas de duración, y en la que solo 1 de los 6 imputados estuvo presente en el lugar, Llonto volvió a demostrar su compromiso y profesionalismo que lo ubican entre los abogados querellantes más reconocidos y respetados en causas de lesa humanidad.
Durante su histórico alegato, el abogado afirmó: «Los servicios de inteligencia fueron el nervio motor que accionó el terrorismo de Estado”, “Este juicio es el más importante después del Juicio a las Juntas”, “Hay que reivindicar a la identidad montonera porque ellos realizaron la resistencia desde esa identidad”, “Esta sentencia será mirada por todo el país, porque se juzga a toda la estructura de inteligencia del Ejército”.
Su presentación final dejó al descubierto, como nunca, el rol clave de los servicios de inteligencia del Ejército en el plan sistemático de desaparición de personas de la dictadura cívico-militar.
Al igual que todo el juicio ‘Contraofensiva Montonera’, este alegato fue transmitido por el canal de Youtube de “La Retaguardia”, que recibió muchas visitas, cientos de mensajes de apoyo y solidaridad, lo que demuestra que, aunque muchos no lo reconozcan, la sociedad comprende y valora la importancia jurídica, histórica y reparadora de los juicios de lesa humanidad.
