Carl von Clausewitz acuñó aquella frase de que la contienda política es la continuación
de la guerra por otros medios. Por el contrario, cuando la política se militariza, esta restricción es rota y la contienda política se vuelve la continuación de la guerra por los mismos medios. Existen dos modos en que la política puede militarizarse. En el primero, actores privados utilizan estrategias de guerra para alcanzar sus fines políticos.
En el segundo, las mismas estrategias son utilizadas por actores públicos. Mientras
el accionar de la autodenominada “Alianza Anticomunista Argentina” (La Triple A) y de la guerrilla; los golpes de Estado llevados adelante por las fuerzas armadas y el terrorismo de Estado son instancias de la segunda.
En ambos casos lo que sucede es que las estrategias de guerra, y los medios para llevarlas
adelante, se vuelven herramientas políticas. En nuestro país, la estrategia preferida fue la guerrilla y el combate contrainsurgente, con métodos de detención, tortura, desaparición y enmascaramiento de las víctimas cuidadosamente estudiados, enseñados y aprendidos.
Ahora bien, la guerra, como toda actividad humana, está sujeta a evolución. No es de extrañar que si las estrategias y métodos de guerra evolucionan, esto tenga una contrapartida en las estrategias y métodos utilizados para militarizar la contienda política.
Una alteración semejante se ha venido produciendo desde el comienzo del siglo. El nombre de este nuevo tipo de estrategia de guerra es lawfare o “guerra judicial”. En el año 2001, Charles J. Dunlap publicó un artículo denominado Law and Military Interventions en el que llamaba la atención sobre una nueva estrategia de guerra empleada por los grupos contra los que combatían las fuerzas armadas estadounidenses. Decía que estas agrupaciones estaban “utilizando el propio sistema jurídico estadounidense como una arma”. Acuñó entonces el concepto de lawfare que consiste en la utilización del derecho –y las demandas judiciales– como una herramienta para alcanzar objetivos militares. En su opinión esto
explicaba porqué el ejército estaba sufriendo derrotas, pero no en el campo de batalla
sino en las salas de los tribunales.
El propio Charles Dunlap advertía que si los enemigos del ejército estadounidense estaban utilizando las acciones judiciales presentadas frente a los tribunales judiciales como un arma ofensiva, era imperioso que el ejército aprendiese a usar estas mismas
herramientas como un recurso defensivo para resguardar los objetivos que se habían alcanzado en el campo de batalla. Las fuerzas armadas tenían que tomar conciencia, señalaba Dunlap, que existía un nuevo campo de batalla legal que debía ser dominado y preparado. La guerra se había judicializado transformando al Derecho y a los procedimientos legales en balas.
Ahora bien, si como señala Dunlap la guerra se ha judicializado, la judicialización de la política que se percibe en Argentina no es más que una nueva etapa sofisticada de militarización. El lawfare permite que la política siga siendo la continuación de la guerra por los mismos medios, sólo que ahora estos medios –a diferencia de lo que pasaba con la antigua militarización– son las propias leyes. Las acciones legales se transforman
en armas con las que hacer desaparecer a los opositores políticos detrás de prisiones
preventivas, para matarlos frente a la opinión pública con causas judiciales, para
cazarlos y agotarlos con requerimientos e indagatorias.
El lawfare vuelve visible el hilo delgado que comunica el accionar actual de algunos
miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal dedicados a la persecución de opositores políticos, con el terrorismo de Estado de los años 70 llevado a cabo por algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Al igual que entonces las estrategias de guerra –esta vez de “guerra judicial”– son empleadas como herramientas en la contienda política y quienes las emplean son agentes públicos.
El hecho de tener a funcionarios públicos utilizando estrategias de guerra para llevar adelante una agenda política, asemeja a este tipo de lawfare con el terrorismo de Estado. Como la munición que se utiliza en esta nueva guerra son las leyes y las acciones
judiciales, quienes pueden dispararlas no son ya los militares sino los jueces y fiscales.
Las botas no son más necesarias para hacer desaparecer a los políticos y militantes de la oposición, las togas son más eficientes y pulcras. Campo de Mayo le ha cedido su lugar a Comodoro Py.
Somos testigos de una nueva especie de terrorismo de Estado, invisible, oculto detrás
del Estado de Derecho. Las declaraciones testimoniales e indagatorias hacen las veces de las antiguas salas de tortura donde el único modo de salvarse es entregar el nombre de algún otro que el verdugo está deseoso por escuchar. Las cárceles, pobladas de opositores políticos con prisiones preventivas ilegales, se han trastocado en centros clandestinos de detención. La lista de opositores políticos “desaparecidos” del espacio público a fuerza de denuncias infundadas, testimonios forzados, pruebas fraguadas o inexistentes, continúa en aumento.
Ellos, al igual que los 30.000 que les precedieron, han sido sepultados en tumbas anónimas, enterrados en el descrédito con nombres mudos que nadie se atreve a pronunciar por el temor de caer abatido por el estigma.
