En diciembre, el Tribunal Oral Federal Nº1 terminó de receptar las declaraciones testimoniales que integran la causa Diedrichs-Herrera. En total, fueron once las audiencias. Unos 48 testigos relataron cómo el terrorismo de Estado atravesó sus vidas y las de sus familias, dejando secuelas de mucho dolor.
Este proceso que se conforma a partir de las causas Diedrichs (7 hechos) y su acumulada Herrera (36 hechos), es el 12º juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Solo 9 de las 43 víctimas lograron sobrevivir.
En el banquillo de los acusados hay 18 ex militares y policías imputados por secuestros, torturas y homicidios entre marzo de 1976 y septiembre del mismo año. Casi todos son asistidos por la Defensoría Publica Oficial, Dres. Rodrigo Altamira, Natalia Bazán, Juan Carlo Belagardi, Evangelina Pérez Mercau. Carlos Horacio Meira se defiende personalmente.
Debido al contexto de pandemia, este juicio tiene componentes novedosos y particulares. En la etapa testimonial, que inició en la tercera audiencia y se extendió durante las once jornadas siguientes, el Tribunal receptó testigos presenciales y por videoconferencia.
En la sala, siempre estuvieron presentes el fiscal general Maximiliano Hairabedian, el Tribunal Oral Federal N°1 integrado por el Dr. Julián Falcucci, la Dra. Carolina Prado y el Dr. Jaime Díaz Gavier, el equipo de defensores oficiales y los abogados querellantes.
El plan sistemático de desaparición de personas
A lo largo de las 11 audiencias que demandó la ronda de declaraciones testimoniales, los relatos ahondaron en los hechos puntuales que se juzgan, pero también brindaron un marco más amplio del contexto represivo. Además, recorrieron temáticas que, si bien están relacionadas, permiten ver desde otros lugares este plan sistemático de desaparición de personas.
Uno de los engranajes de este plan, sin dudas, fue la complicidad civil. La última dictadura militar tuvo el funesto apoyo de la iglesia, los medios de comunicación, empresas y la propia Policía de Córdoba. Esto sale a la luz gracias a los testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, en su lucha por saber la verdad y exigir justicia.
Las fuertes sospechas hacia las cúpulas eclesiásticas que durante años sólo parecían rumores, en este juicio se confirmaron gracias a las testigos Estela Marta Reyna de Soulier y Livia Cuello, que involucran de lleno a este sector en sus relatos. En las demás audiencias, el tema salió a la luz reiteradas veces.
Complicidad empresarial y represión sindical
En el juicio La Perla-La Ribera, salieron a la luz otros tantos testimonios que aportaron información importante para la investigación de la responsabilidad empresarial en la dictadura. En el juicio Diedrichs-Herrera, fue la testigo Norma Bicocca quien aportó más detalles sobre la desaparición de trabajadores que tenían una participación gremial activa durante aquellos años, y como consecuencia, sobre la complicidad empresarial para con los militares.
La militancia sindical fue brutalmente reprimida por los militares tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial, donde había multiplicidad de fábricas con centenas de trabajadores y trabajadoras. En este juicio en particular, las víctimas eran empleados del Frigorífico Mediterráneo y del Ferrocarril General Mitre.
Ser militante gremial, protagonizar movilizaciones por mejoras salariales, condiciones de trabajo y democracia sindical en aquellos años no era fácil. La mayoría terminaba en centros de detención, tortura y exterminio por el simple hecho de luchar por sus derechos. Así lo confirmaron varios testimonios, que denunciaron la persecución gremial y complicidad de los servicios de inteligencia de la dictadura cívico-militar
Persecución a los trabajadores en los barrios de Córdoba
Dentro del plan sistemático de desaparición de personas, en casi todos los testimonios que pasaron por el recinto de este juicio, la metodología de persecución y secuestro de los trabajadores de la ciudad de Córdoba era similar.
Oficiales vestidos de civil y en algunos casos disfrazados, entraban de manera violenta a los domicilios familiares ubicadas en los barrios obreros cordobeses. Por lo general era en la madrugada. Rompían puertas, les cubrían los ojos, robaban pertenencias y se llevaban a quien o quienes creían que estaban implicados en alguna militancia gremial. De pasada, también, en varios casos, se tomaban el atrevimiento de ultrajar físicamente a las mujeres de la casa.
Operativos ventilador y complicidad mediática
Tres de las víctimas que tiene esta causa fueron asesinadas bajo la simulación de un enfrentamiento totalmente falso, vilmente armado para obtener impunidad de los crímenes más atroces cometidos durante el terrorismo de Estado.
Después de su privación ilegítima de libertad y torturas en centros clandestinos de detención, en varios casos llevaban a las víctimas a lugares alejados de la urbe. Allí las asesinaban y hacían aparecer como muertas en un enfrentamiento. Las fuerzas comunicaban que “se seguía abatiendo a la subversión”. Se los denominaba “Operativos ventilador”.
Generalmente, los fusilamientos eran en zonas liberadas previamente, gracias a la complicidad de otras fuerzas de seguridad. Además, los cuerpos encontrados nunca tenían identificación ni propiciaban informes a sus familiares, quienes incursionaban en una desesperada odisea para encontrarlas. La gran mayoría de las víctimas de este operativo terminaban en las fosas comunes del cementerio San Vicente. Hasta el día de hoy se continúan hallando cuerpos.
Este tipo de enfrentamientos se armaron con el objetivo de legalizar los asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura cívico-militar. La complicidad civil se plasmó en los medios de comunicación, donde “los subversivos eran abatidos” con total normalidad.
La prensa fue concebida como un sector estratégico para quienes idearon, planearon y llevaron adelante la dictadura cívico-militar. La complicidad mediática fue esencial para poder ocultar las atrocidades y los crímenes cometidos (si se ocultaban, se garantizaban así evitar críticas y cuestionamientos).
Militancia estudiantil: blanco de represión en la dictadura
En la última dictadura cívico-militar las universidades más grandes del país fueron el foco de la persecución, represión y desaparición de personas. En virtud de la efervescencia juvenil de la época, combatieron las ideas con armas y violencia contra los estudiantes.
Durante el juicio Diedrichs-Herrera, aparecieron nuevos indicios y testigos de por qué la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y el Colegio Nacional del Monserrat son las instituciones académicas con más desaparecidos en la provincia.
Desaparecieron alrededor de 203 estudiantes, egresados, docentes y no docentes de la UNC. Facultades y colegios universitarios como el Manuel Belgrano y el Colegio Monserrat continúan investigando sobre los secuestros y la violencia desatada durante el terrorismo de Estado en el contexto de la universidad. Como así también, las historias de vida de cada desaparecido.
Varios testigos denunciaron la existencia de las famosas “listas negras” en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Su confección estuvo a cargo del interventor designado en ese momento (1976) Tránsito Rigatuso. En muchas unidades académicas se denunció este mismo accionar de persecución.
Fue una época colmada de utopías, luchas y revolución, casi la característica general de las víctimas del juicio Diedrichs-Herrera era que militaban activa o pasivamente en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En su mayoría estudiantes universitarios, jóvenes y llenos de futuro por delante, aún continúan desaparecidos.
Colegios secundarios intervenidos
No solo la UNC dejó una mancha imborrable en su historia. También los colegios universitarios sufrieron intervención militar. Uno de los testigos más relevantes para este juicio fue el de Claudio Orosz. El abogado penalista, por primera vez fue testigo en un proceso oral y público de estas características.
Además de víctima del terrorismo de Estado, Orosz es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y representante de la familia de Claudio Román, una de las víctimas de la causa Diedrichs. Aportó detalles sobre aquella oscura época. Allí no sólo reprimieron, secuestraron y desaparecieron trabajadores y estudiantes universitarios, sino también jóvenes del secundario.
A medida que se acercaba la dictadura cívico militar, ambos colegios universitarios, reconocidos por los movimientos y derechos estudiantiles conquistados hasta esa época, iban censurando cada vez más a sus alumnos. Con los directivos intervenidos y unas amplias listas negras de estudiantes para entregar, una centena de jóvenes que no superaban los 16 años debieron vivir los horrores más inhumanos del terrorismo de Estado.
La ideología antisemita
La discriminación contra el pueblo judío durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina fue una constante y tuvo un especial ensañamiento de las fuerzas represivas. La ideología antisemita se expresó en bombardeos a sinagogas, una férrea persecución a militantes judíos y el “trato especial” dentro de los Centros Clandestinos de Detención en el país.
Durante años la comunidad Judeo-Argentina realizó denuncias que ponen el foco en el cruel sometimiento padecido en esa época. En el juicio Diedrichs-Herrera, fueron varios los testigos que aportaron información sobre las víctimas judías que integran la causa. Entre ellos, Claudio Orosz y Mónica Solodky.
Desde la cúpula de las Fuerzas Armadas se fomentaba una formación basada en un ultranacionalismo conservador impuesto por el “proceso de reorganización nacional”. Las consecuencias de esta formación se manifestaron en los castigos sufridos por los detenidos-desaparecidos. También en las pintadas y los discursos nazis que se escuchaban en las cárceles y los CCD.
Según el informe de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), numerosos testimonios denuncian un tratamiento más duro al que fueron sometidas las víctimas judías por parte de los represores. Lo que destaca el corte antisemita y xenófobo del terrorismo de Estado perpetrado en la Argentina.
Robo sistemático de bebés
El robo sistemático de bebés a desaparecidos en los centros clandestinos de detención fue otro de los horrores perpetrados por el terrorismo de Estado. En ninguna otra dictadura latinoamericana se implementó esta práctica como parte de la metodología represiva usada en los 70.
Los niños y niñas fueron víctimas de secuestro, sustracción de su identidad, así como sus familias. El macabro sistema recibió el apoyado de diversas entidades y funcionarios que permitieron adopciones totalmente irregulares. Las denuncias más fuertes apuntan a la complicidad de la Iglesia, el Poder Judicial y funcionarios políticos.
En total, Abuelas y organismos de DD.HH dieron cuenta de la apropiación de 400 bebés entre 1976 y 1980, hasta el momento han sido recuperados 130 nietos y nietas.
En este juicio, fueron las testigos Marina Giorda Ojeda y Cristina Robles quienes profundizaron las denuncias sobre la apropiación ilegal sistemática de bebés en Córdoba y volvieron a sacar a la luz el tema de los delitos sexuales perpetrados por los militares hacia las víctimas durante sus detenciones ilegales.
Delitos sexuales
Los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos consistieron en violaciones, abusos, abortos forzados, desnudez, tocamiento. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señaló que, a marzo de 2019, solamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos (26 de 219). En esos fallos, se reunieron los casos de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.
A partir del avance de los juicios y los testigos que relataron las vejaciones sexuales sufridas. En algunos casos durante el secuestro o traslado y la mayoría de las veces cuando sufrían interrogatorios, mediando una cruenta tortura, en los CCD.
En consecuencia, permitió que ese tipo de delitos puedan pasar a ser considerados autónomos de otros cometidos por los genocidas. Asimismo, las agresiones sexuales pudieron ser distinguidas de las torturas, lo que permite dimensionar la violencia de género en los crímenes de lesa humanidad.
Un fallo que se espera para febrero
Después de las once audiencias dedicadas a la ronda de testigos, las partes brindaron sus conclusiones finales durante el mes de diciembre. Al filo de la feria judicial de enero, el Tribunal Oral Federal Nº1 decidió un cuarto intermedio hasta febrero, mes en el que se espera el fallo de la causa Diedrichs-Herrera.
