El juicio «Puente 12 II-Causa Españadero»

En marzo comenzaron los alegatos en el juicio «Españadero »; Elba Balestri, integrante de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, detalló su experiencia como testigo de un juicio que se lleva adelante en el TOF6 de Capital Federal con un único procesado: el ex militar Carlos Antonio Españadero.

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“Puente 12”. También se lo conoció como “Cuatrerismo-Brigada Güemes” porque estuvo localizado en la División Cuatrerismo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército (Ministerio Público Fiscal).

Por Elba Balestri

El Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires empezó a juzgar los crímenes de lesa humanidad contra ocho víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención conocido como “Cuatrerismo-Brigada Güemes” o “Puente 12”. El único imputado es Carlos Antonio Españadero, alias “Mayor Peirano o Mayor Peña”, quien se desempeñaba como personal civil de inteligencia en el Batallón 601 del Ejército. El represor tiene 89 años y cumple prisión domiciliaria por una condena a perpetua por el secuestro y homicidio del conscripto José Luis Rodríguez Dieguez.

El CCD estaba ubicado en Camino de Cintura y la autopista Riccheri, en el partido bonaerense de La Matanza, en una zona geográfica denominada “Puente 12”, de allí su denominación. También se lo conoció como “Cuatrerismo-Brigada Güemes” porque estuvo localizado en la División Cuatrerismo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. Este CCD, también denominado “Protobanco” —porque luego allí funcionó el CCD “El Banco”— operó entre noviembre de 1974 y febrero de 1977.

El juicio  

Los crímenes que se juzgan en esta causa fueron cometidos por el acusado en diciembre del 75 y en marzo del 77 contra víctimas que estuvieron secuestradas en el Centro Clandestino de Detención y tortura “Cuatrerismo Brigada Guemes”, conocido también como Puente 12 o Protobanco, ubicado en La Matanza.

Se tratarán los casos de ocho víctimas: la privación ilegal de la libertad de Ofelia Máxima Paz de Santucho, María Ofelia Santucho, Ricardo Mateo Landriscini, José Luis Ujhelly, Mariana Méndez, Raúl Gagliardi, María Rosa Navarro y Mario Antonio Gneri, en el centro clandestino de detención Cuatrerismo (que funcionó en Camino de Cintura y Ricchieri), y amenazas coactivas en «seguimientos de control» con respecto a María Rosa Navarro y Mario Antonio Gneri.

Creo que el juicio “Españadero” como todos los juicios de Lesa Humanidad, ha sido posible gracias a las luchas por Memoria, Verdad y Justicia y los logros de los Organismos y del movimiento de DDHH en nuestro país; pero también gracias a la persistencia y la búsqueda de los familiares que durante muchos años no bajamos los brazos a pesar de los obstáculos.

A mí me tocó declarar en los casos de diciembre de 1975, donde María Ofelia Santucho y su madre Ofelia Paz de Santucho fueron 2 de las víctimas; María Ofelia que entonces era una niña de 15 años, hoy tiene 60 y es querellante en esta causa.

En su domicilio en Morón un grupo de tareas realizó un allanamiento y las secuestró junto a sus hermanas menores Susana de 14 años, Silvia 13, Emilia 10 y a sus tres primas Ana de 14, Marcela 13 y Gabriela 11 (hijas de Mario Roberto y Ana María Villarreal); a Mario Antonio Santucho, bebé de 9 meses (hijo de Mario Roberto y de Liliana Delfino) y a Esteban Abdón mi hijo de 4 años. Todxs fueron llevados vendados a un CCD que luego se supo era Puente 12 y donde ya había muchas personas que estaban siendo interrogadas y torturadas.

También fueron intimidados o amenazados e interrogados por Españadero quién luego, les trasladó personalmente y a cara descubierta a la comisaría de Quilmes (también a Ofelia Paz la única adulta)  y finalmente a un hotel de Flores, desde dónde pudieron escapar y  pedir  asilo en la embajada de Cuba, con excepción de los dos más pequeños (Marito y Esteban) que quedaron con nuestras familias. Por eso la privación ilegal de la libertad y los abusos cometidos contra estxs menores también están incluidos en esta causa y ha sido muy conmovedor y angustiante escuchar sus declaraciones y las secuelas que dejó en ellxs esta experiencia aterradora.

Cuando eso sucedió en los primeros días de diciembre de 1975, yo estaba detenida desde hacía varios meses en la Cárcel de Olmos provincia de Bs As y la noticia me llegó a través de uno de los diarios que nos entraban a la cárcel. Allí se informaba sobre la presentación de un Habeas corpus a favor de 9 adultos y 9 niños detenidos, entre los que estaban mi esposo Ricardo Abdón y mi hijo Esteban de 4 años. Tengo grabada en mi memoria esos días de angustia, incertidumbre y la impotencia de la espera para saber lo que había sucedido.

La impunidad 

A fines de los 90 cuando todavía no habían sido derogadas las leyes de impunidad, apareció publicada una entrevista donde el propio Españadero contaba su versión de esta misma historia. Allí vi por primera vez la cara de este genocida. Esta y otras entrevistas quedaron registradas y hoy en este juicio son parte de las pruebas contundentes contra él.

En ellas Españadero reconocía su intervención en el centro clandestino donde habían estado detenidos Ofelia de Santucho y lxs chicxs, y cuenta cómo él lxs llevó al hotel de Flores, presentándose como “el salvador de los hijos de Santucho”. Al mismo tiempo, admitía que en 1975 se hacía llamar “mayor Peirano” que había tenido acceso a “centros de detención” donde actuaban los “grupos de tareas”; donde las torturas eran masivas; él interrogaba a los detenidos e informaba a sus superiores sobre los datos obtenidos, y luego esos informes influían sobre el destino de los mismos.

También reconoció que había sido miembro del servicio de inteligencia del ejército y tenía infiltrados en el ERP que actuaban bajo sus órdenes; uno de ellos era el “Oso Ranier”. Justamente este infiltrado fue el responsable de la sucesión de caídas de diciembre del 75 y para mí es importante aclarar que lo que se está juzgando es una parte, un eslabón de la sucesión de detenciones, torturas y desaparición de un grupo numeroso de militantes del PRT vinculados entre sí, en total  9 víctimas (desaparecidxs)  que han quedado fuera de esta causa; por lo tanto está pendiente todavía la investigación y el enjuiciamiento de los responsables (entre ellos Españadero).

A principios de los años 80, coincidente con el inicio de la democracia cuando salí en libertad, empecé la búsqueda de información, testigos y  sobrevivientes para saber lo sucedido. Además, conocí a otros familiares del caso que también buscaban lo mismo así que fue un trabajo colectivo de reconstrucción que nos llevó muchos años, hasta llegar a saber lo que ahora sabemos sobre nuestros familiares desaparecidos y gracias especialmente a los testimonios de los sobrevivientes; algunos ya no están porque no vivieron para ver este juicio. Entre ellxs recuerdo con especial cariño a Ofelia Paz de Santucho.

Armar el rompecabezas

Fueron años de búsqueda, analizando, cruzando información y armando el rompecabezas. Para mí fue muy angustiante leer las entrevistas, los informes y todo lo que se había escrito sobre este caso en distintos libros; nunca pude leerlos de una vez, sino que los fui leyendo por partes para tolerarlos. Hay agujeros negros en esta historia y me quedan preguntas sin responder, creo que Españadero puede responderlas; debe tener mucho por revelar todavía si rompe con el pacto de silencio.

En mi declaración conté que cada vez que leí y releí las entrevistas a Españadero me resultó muy impresionante e impactante la manera como explicaba su responsabilidad en los interrogatorios. Según él, sin ensuciarse las manos en la tortura. Recuerdo sus frases textuales: «Yo sólo interrogaba y sólo preparaba informes, ese era mi trabajo” como si se tratara sólo de un trabajo administrativo muy  eficiente.  Una especie de burócrata del exterminio, porque sabía que sus informes influían sobre la vida o la muerte de los detenidos. Me recordó la idea de la banalidad del mal que surgió del juicio al nazi Eichmann en los años 60.

Creo que la importancia de este juicio, es que contribuye a la demostración de que el plan sistemático de represión y los delitos de lesa humanidad comenzaron antes del golpe del 76. Este CCD funcionó desde el 74 al 77 y ya desde noviembre de 1975 por ley, se colocó al personal y los medios de la policía de la provincia de Bs As bajo el control operacional del primer cuerpo del ejército a los efectos de la lucha contra la subversión.

La fiscalía en su acusación alegó que estos delitos “fueron cometidos a través de la estructura organizada de poder que luego resultó ser el brazo ejecutor a gran escala de la represión ilegal estatal instaurada luego de marzo de 1976; tuvieron las mismas características generalizadas que luego se vieron a mayor escala y por lo tanto fueron manifestaciones concretas del plan sistemático de represión ilegal y como tales constituyeron severas violaciones a los DDHH y consecuentemente delitos de lesa humanidad”.

El trabajo de inteligencia

También creo que este juicio contribuye a demostrar el rol fundamental del trabajo de inteligencia en el plan sistemático, siendo el Batallón de inteligencia 601 el principal órgano ejecutor porque este Batallón “no sólo recibía información de todas las unidades de inteligencia existentes en los diferentes niveles de los comandos de zona, no sólo se limitaba al análisis de la información, sino que sus agentes intervenían en la fase ejecutiva del plan represivo actuando en los distintos CCD y/o en los seguimientos a las víctimas remitiendo luego la información al  comando en jefe”.

Estamos juzgando a Españadero, un funcionario clave de la estructura que diseñó, planificó, instrumentó e hizo posible el genocidio que padeció nuestro país.

A mí me queda la necesidad de conocer cuál fue el destino final de mi esposo y de todxs lxs víctimas en este caso cuyos restos todavía no fueron encontrados; pero mientras tanto, que se haga Justicia en esta causa es una reparación a las familias que hemos esperado 45 años.