En la última audiencia del año, la estrategia de la defensa apuntó al Poder Judicial

Durante la 18º audiencia del juicio Diedrichs-Herrera, la defensa culminó con sus alegatos finales. Tras la exposición de la Dra. Bazán, el Dr. Belagardi pidió la absolución de sus seis defendidos.

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La defensa pública de los acusados concluyó sus alegatos este lunes 21 de diciembre.

Durante la última audiencia del año, la defensa de los 18 ex militares y policías imputados por diferentes delitos cometidos en el terrorismo de Estado finalizó sus conclusiones. En esta oportunidad, los Dres. Natalia Bazán y Juan Carlos Belagardi expusieron sus pedidos de absolución.

Luego de que el jueves último el Dr. Rodrigo Altamirano diera inicio a la ronda de conclusiones finales de la defensa, este lunes 21 de diciembre Bazán y Belagardi continuaron con la misma estrategia para exculpar a sus imputados.

Ambos adhirieron al pedido de la fiscalía a cargo del Dr. Hairabedián sobre la absolución de los acusados Carlos Meira y Arturo Grandinetti. La totalidad de la defensa, junto con el Ministerio Público Fiscal, coincidió en que sus respectivas actuaciones no configuraría el delito de privación de la libertad agravada, por lo que solicitó la absolución de ambos.

La Dra. Bazán fue la primera en emitir sus conclusiones en lo que refiere a sus cinco asistidos: Héctor Pedro Vergéz, Ernesto Guillermo Barreiro, Arturo Emiliano Grandinetti, Luis Gustavo Diedrichs y Fernando Martín Rocha. En su alegato, criticó duramente al Poder Judicial y pidió la absolución de sus defendidos. 

Las conclusiones de Belagardi

Luego lo hizo el Dr. Belagardi, quien puntualizó y deslegitimó cada uno de los hechos por los que se acusa a sus seis imputados. Se trata de Carlos Alberto Díaz, Emilio Morard, Jorge Exequiel Acosta, Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López y José Hugo Herrera. 

“Mis asistidos son totalmente ajenos en lo relativo a las privaciones de la libertad de las víctimas y de su traslado a La Perla. De lo que pudiera haber sucedido durante el cautiverio y en lo sucedido con el destino final de las mismas”, comenzó justificando. Posteriormente, adelantó: «Voy a dar razones de ello». 

En su estrategia, el miembro del Ministerio Público de la Defensa apuntó contra los «intentos de la fiscalía y de la querella para ubicar a mis asistidos como autores». También deslegitimó las pruebas: «Nada ha podido ser probado por prueba independiente que los pueda llegar a incriminar». 

Los hechos por los que son imputados los defendidos corresponden a los 3º, 4º, 8º, 11º, 12º, 14º, 15º, 16º, 17º, 26º de la causa Herrera y 1º, 2º, y 3º de la causa Diedrichs. Todos ocurrieron entre el 26 de marzo y el 10 de septiembre de 1976 en perjuicio de 36 víctimas.

Los hechos

El Dr. Belagardi cerró la la última audiencia del año detallando todos los hechos en los que, según la fiscalía y la querella, tuvieron participación sus defendidos. Además de puntualizar en cada una de las víctimas y cómo fueron secuestradas, muchas veces torturadas, llevadas a centros clandestinos de detención y asesinadas, el letrado deslegitimó varios relatos de quienes participaron de la ronda testimonial.

En muchas oportunidades, apuntó contra las «inferencias» de la fiscalía en lo relativo a las privaciones de la libertad de las víctimas y de su traslado al centro clandestino de detención La Perla. «La fiscalía intenta imputar a mis asistidos por la supuesta estadía de las víctimas en La Perla. Pero no puede ser mantenida por una orfandad probatoria ni por los testimonios que se han brindado». 

Luego de leer el secuestro de cada una de las víctimas tal como está en la acusación, Belagardi confirmó que en todas las ocasiones -excepto en el hecho 3º de la causa Diedrichs respecto al secuestro de la familia Soulier por parte de la Policía de Córdoba- no se identificaba con claridad quiénes habían sido los secuestradores. 

«Quiénes eran estas personas no lo tenemos determinado ni en este, ni en ninguno de los otros hechos. Por eso no alcanza para atribuir este tramo a mis asistidos de la privación ilegítima de la libertad», aseveró. 

La Cuadra, en La Perla, el lugar donde los secuestrados pasaban la mayor parte de su cautiverio. Albergó un número variable de personas, llegando en algunos momentos a alojar simultáneamente a más de un centenar.

La relación de los imputados con La Perla

Fueron más de 40 los testigos que de manera presencial o remota formaron parte de este juicio. Aportaron datos significativos sobre el secuestro, paradero y destino final de las víctimas que contempla la causa. También lograron reconocer y culpabilizar a más responsables de este plan sistemático de desaparición de personas.

Sin embargo, el abogado defensor intentó desconectar a los seis imputados de los actos cometidos durante el terrorismo de Estado y evitar que paguen las consecuencias. Su principal estrategia, tal como lo hizo la mayoría de la defensa, fue apelar a sus funciones y cargos dentro del Destacamento de Inteligencia 141 y cuestionar su relación con La Perla.

«El 141 no ha tenido nada que ver con lo sucedido en La Perla, más allá de llevar hasta la puerta de entrada información y traerla», comenzó detallando Belagardi. Agregó también que quien estaban a cargo de la custodia y de las instalaciones del centro clandestino de detención era Gendarmería Nacional.

Las funciones del Batallón 141

Según el letrado, el Batallón 141 ubicado en la Av. Richieri de la ciudad de Córdoba, cumplía sólo funciones de «inteligencia, juntar datos, tarea de oficina». Sus empleados eran «algún personal militar de no muy alta graduación y había también personal civil». En lo que respecta a sus defendidos, «tres eran personal civil y había uno que hacía cuatro meses había ingresado. Ni siquiera portaba armas». El resto eran militares «de muy bajo rango».

«Tampoco voy a negar que pudieran haber concurrido a La Perla a llevar y traer alguna documentación», aseguró.

Pese a lo que miles de testigos y víctimas del terrorismo de Estado confirmaron y reiteraron a lo largo de los doce juicios de lesa humanidad desarrollados en la provincia de Córdoba, la estrategia del abogado defensor fue omitir la complicidad de la Policía de Córdoba y de instituciones de la sociedad civil para con los militares.

Frente del Batallón de Comunicaciones 141 después del copamiento
(Imagen: «La Razón»).

«Lo que no podemos decir es que ellos pudieron haber intervenido en algo que pudiera haber ocurrido dentro de La Perla. Acá se llegaba hasta mesa de entrada», remarcó en la última audiencia del año.

Sin embargo, en un momento generó una contradicción en su defensa. Explicó que La Perla «estaba a cargo de la 4ta Brigada, y lo que hacía inteligencia era dar apoyo al Tercer Cuerpo de Ejército. Eran tareas de calle». Y agregó: «Únicamente si el 141 pudo haber tenido participación en un hecho, no eran mis 6 imputados los que intervenían en todos».

Según consta en el Archivo Provincial de la Memoria, dentro de la red represiva, el Destacamento de Inteligencia 141 “General Irribarren» era la central de «inteligencia» que concentraba toda la información, donde se procesaba todo el trabajo de inteligencia realizado por los militares en nuestra provincia y se coordinaban las acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Pedido de absolución

Finalmente, tras una larga exposición durante la última audiencia del año, el Dr. Belagardi pidió al tribunal compuesto por el Dr. Julián Falcucci, la Dra. Carolina Prado y el Dr. Jaime Díaz Gavier, la absolución de los seis imputados que defiende. «Si hubo algún apremio ilegal, nadie de los que pasaron por acá dieron mención de que mis asistidos tuvieron intervención”, agregó. 

El Tribunal Oral Federal Nº1 dejó constancias de su pedido de absolución y dio por finalizada la etapa de conclusiones finales. Al filo de la feria judicial, la Dra. Carolina Prado dispuso un cuarto intermedio para el día 4 de febrero.

Luego de la última audiencia del año, la sentencia del juicio Diedrichs-Herrera está prevista para ese mes del año entrante. 

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