Hace ya muchos años que escuchamos a víctimas del terrorismo de Estado y sus aterradores relatos. Sin embargo, no dejan de interpelarnos. En la séptima audiencia del juicio Diedrichs-Herrera en Córdoba, un matrimonio de 87 años describió el derrotero de búsquedas y reclamos luego del secuestro de su hijo. Recorrieron iglesias, tribunales, comisarías. En ningún lugar hubo respuestas y debieron pasar décadas para que pudieran hablar ante un Tribunal Federal. Su agradecimiento por ser escuchados fue emocionante.
Cuarenta y cuatro años esperaron. En una analogía involuntariamente macabra, contaron en su relato que quienes arrebataban a su hijo Gustavito les dijeron en medio del secuestro: “Cuenten hasta cuarenta y después salgan”. La madre (con una pierna ortopédica) salió apenas sintió que se cerraban las puertas de los autos que arrancaban llevándose a su hijo. Estas imágenes se repiten una y otra vez a lo largo de las audiencias.
La lucha de tres generaciones va fortaleciendo una política de derechos humanos y una democracia que defendemos con la justicia y también en las calles. Cada paso que damos en este sentido nos legitima como actores sociales en defensa de los derechos. Pero hay una clase política, o algunos representantes del pueblo que desde sus bancas de legisladoras no están a la altura de la calidad institucional y política que nos merecemos y tienen el tupé de arrogarse el derecho de tirar por tierra estas memorias que con tanto dolor se presentan en los juicios.
La legisladora cordobesa Patricia Ferrari se cobró relevancia no por su trabajo legislativo sino por volcar en las redes una amenaza solapada usando la figura de los “Falcon verdes”. No debemos permitir ese negacionismo obtuso y fascista que deshonra las instituciones de la democracia apelando a imágenes oscuras y alusiones a un plan genocida que está siendo juzgado de manera ejemplar. Desterrar esas apelaciones del imaginario democrático es una responsabilidad que deben asumir todos los sectores sociales.
Como si fuera poco, el objetivo de Ferrari fue defender la propiedad terrateniente en desmedro de organizaciones sociales que intentan un reparto equitativo de la tierra y la implementación de un proyecto agroecológico. Nunca mejor representado el poder económico concentrado, el mismo que fue sostén civil de la dictadura y que sigue intentando poner en jaque al gobierno democrático.
Ya dijimos Nunca Más. Lo seguiremos diciendo mientras este modelo de país que elegimos y construimos entre todos esté en peligro.
