El lunes 22 de febrero finalizó el proceso judicial que contempla las causas Diedrichs-Herrera, donde fueron condenados ocho ex militares a prisión perpetua, cinco ex policías a 18 años de prisión, un ex policía a 4 años, y finalmente dos ex militares fueron absueltos.
Es el 12º juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba, y los hechos investigados fueron cometidos entre el 26 de marzo al 10 de septiembre de 1976 en perjuicio de 36 víctimas.
Ante la reciente sentencia, la abogada querellante Lyllan Luque detalló a Será Justicia su balance del juicio y repasó la actuación de la fiscalía y del tribunal. Además, destacó los desafíos contra la impunidad biológica de los acusados.
Un día de justicia
En su análisis, Lyllan Luque marcó la importancia de la resolución del TOF N°1, luego de un proceso judicial en pleno contexto de pandemia. “Sentencia que condenó a ocho represores a prisión perpetua, cinco a 18 años de prisión, a uno a cuatro años”.
Destacó las solicitudes del Ministerio Público Fiscal ante el tribunal y las dificultades de probar algunos hechos por falta de prueba y el paso del tiempo. “Absoluciones absolutas de dos personas que por primera vez fueron llamados en carácter de imputados en un juicio de Lesa Humanidad”, describió.
Durante el juicio, la abogada Luque –especializada en Derechos Humanos y con una vasta trayectoria en juicios por delitos de Lesa Humanidad– llevó adelante junto con el Dr. Orosz las querellas de todas las víctimas de la causa Diedrichs, y a Hugo Donemberg, de la causa Herrera.
“Nosotros representamos con el Dr. Orosz a las querellas que llevamos adelante junto a Hijos y familiares. Pero desde el punto de vista de las querellas que nosotros representamos, las condenas fueron lo que nosotros esperábamos”, dijo destacando la importancia de brindar una respuesta a las familias luego de tantos años.
Absoluciones e impunidad biológica
En la última entrevista realizada al abogado querellante Claudio Orosz, anticipó las absoluciones y la imposibilidad de casar la sentencia por parte de la familia Pietri. Esto se debe, explicó Orosz, a que la familia no se constituyó como querellante en el proceso.
Será Justicia: La sentencia contempló algunas absoluciones ¿Por qué la fiscalía solicitó al tribunal este tipo de excepciones?
Lyllan Luque: en relación a las absoluciones, estas no eran casos que nosotros lleváramos adelante en este procedimiento. Si bien hubo absoluciones en los casos de los detenidos y condenados, nosotros consideramos en términos generales más allá de no coincidir con algunos planteos realizados por el fiscal que este juicio ha demostrado la impunidad biológica que estos 44 años acarrean.
El fiscal Maximiliano Hairabedián viene sosteniendo, desde su primera participación en los juicios de lesa humanidad, las dificultades de obtener prueba debido al paso del tiempo y de comprobar la culpabilidad de los acusados en algunos de los sistemáticos hechos.
Entonces las dificultades se acrecientan, y nos muestran que lamentablemente cuando no hay pruebas en estos juicios los imputados son absueltos. No obstante, la sistematicidad y la cantidad de víctimas que reúnen estos procesos, hacen que por cada uno de estos hechos requieran como única pena en el código penal solamente la de prisión perpetua.
Hay un mix entre conductas que no han podido ser probadas, por lo que son absueltos. En otros casos, cuyos hechos se han podido acreditar con la prueba que requiere la ley, han recibido las perpetuas.
El arduo trabajo de los Organismos de Derechos Humanos
SJ: ¿Cómo consideras que se deberían plantear los juicios siguientes ante el desafío de la impunidad biológica?
LL: en cuanto a estas instancias cabe destacar que la prueba se la debemos a los Organismos de Derechos Humanos y a las víctimas sobrevivientes de los campos de exterminio. Que pudieron dar cuenta no solo de las prácticas sino de las personas que fueron alojadas en esos lugares, torturadas y después asesinadas y mantenidas desaparecidas.
Pero efectivamente este juicio me parece que nos está mostrando que es lo que ha ocurrido con el paso del tiempo, en el sentido de que los imputados se mueren. Además, de que hay prueba que es muy difícil de conseguir, las elevaciones a juicio solicitadas por la fiscalía y víctimas que no teníamos certezas en qué centro clandestino habían sido alojadas.
El complejo y siniestro plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura cívico-militar, fue desmantelado ante los tribunales y jueces que indagaron la verdad de lo que pasó durante esos años.
Sin embargo, los años de leyes de punto final, obediencia debida e indultos dilataron las instancias judiciales. Esto es así, a tal punto que hoy los responsables de los aberrantes crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado mueren, algunos sin ser condenados.
La perspectiva de género
Una de las particularidades de este juicio, fue la primera vez en Córdoba en tener una presidenta mujer en el ejercicio del rol judicial durante las audiencias. Carolina Prado, fue la jueza a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 junto con Falcucci y Díaz Gavier.
“No fue un rol menor, es la primera instancia con una mujer presidiendo de forma técnicamente impecable y humanamente rescatable, no es que los otros jueces no la hayan sido, pero quiero destacar el lugar de la Dra. Prado”.
“Como mujer valoro el trabajo de otras mujeres en una estructura tan patriarcal y hostil para nosotras”, describió Luque ante las adversidades que se atraviesan en el Poder Judicial.
Las complicidades civiles
SJ: ¿Cuál es el próximo escenario de los juicios de Lesa Humanidad en Córdoba?
LL: en relación a lo que viene, que ya se ventiló en otros procesos, es que nada de lo que estamos juzgando podría haber ocurrido sin un entramado de complicidades, de silencios con el resto de la sociedad cordobesa.
El establecimiento y persistencia de prácticas genocidas como estas, si bien tienen un tratamiento en la justicia, hay una tarea cultural que es mucho más profunda. Nosotros creemos que estos juicios aportan información muy importante, como lo fue la megacausa La Perla donde hubo prueba específica de listados que se enviaban desde empresas hacia la jefatura del Área 311 en Córdoba.
Estas listas tenían los nombres de sindicalistas, empleados, con todas las direcciones. En este proceso que acabamos de terminar, y aún no tiene sentencia firme, los testigos hablaron de algo que ya se conocía como la “lista negra” en la Escuela Manuel Belgrano. En donde los alumnos eran catalogados como rebeldes y problemáticos.
También sucedió lo mismo en otro colegio de barrio Los Naranjos, esto da cuenta de la trascendencia e implicación de la tarea genocida. No obstante, al mismo tiempo nos habla de la necesidad de indagar la responsabilidad que tuvieron la iglesia, empresarios, docentes y multiplicidad de actores.
El sostenimiento de las prácticas genocidas, que es lo que estamos tratando de impulsar para juzgar en estos procesos. Además, existe una estimación de que las causas que están avanzando lentamente podrían dar lugar a formar una megacausa. Incluso más grande que lo que fue la megacausa La Perla.
En las últimas declaraciones de la abogada Luque y Orosz, ambos apuntan a la construcción de un informe final de los juicios con el objetivo de publicar en los medios masivos de comunicación y llegar a toda la sociedad Argentina.
