Luego de las conclusiones finales por parte del defensor público Rodrigo Altamira, en ejercicio de la defensa de Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Molina y Carlos Alfredo Yanicelli. Quien también realizó un pedido de absolución.
La etapa de alegatos llegó a su fin, después de las conclusiones finales desarrolladas por las querellas particulares, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y por parte del fiscal Maximiliano Hairabedian.
Por su parte, la sentencia del juicio Diedrichs-Herrera está prevista para el próximo año, durante el mes de febrero, luego de la feria judicial.
El alegato de la Dra. Bazán
La primera en alegar este lunes 21 de diciembre fue la defensora pública Natalia Bazán. Desarrolló sus conclusiones finales en defensa de los acusados Héctor Pedro Vergéz, Ernesto Guillermo Barreiro, Arturo Emiliano Grandinetti, Luis Gustavo Diedrichs y Fernando Martín Rocha.
Entre sus primeros argumentos, destacó su interés en acompañar el pedido de absolución del Ministerio Público Fiscal. “Me voy a adherir a las absoluciones que ha solicitado la fiscalía respecto de algunos de mis asistidos”, dijo.
Por otro lado, solicitó la extinción de la acción penal debido a que “hoy en día en el sistema regional, existen planteos de los imputados de que la acción penal está prescrita. Por eso nos parece oportuno incluirlo”.
Asimismo, justificó su postura a partir de las declaraciones del juez de casación, Alejandro Slokar. Quien planteó que no existe una planificación macro en los juicios de Lesa Humanidad y resulta inaceptable que causas que tienen sentencia puedan pasar seis años en el trámite de un recurso.
“Es válido preguntarse desde la defensa si este juicio por una treintena de hechos es justicia de verdad. Porque si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de darle una respuesta a las familias de las víctimas, también tiene que contraponerse a una justicia eficaz”, sostuvo.
Bazán objetó que se negó el principio de oportunidad. Sobre todo con personas que ya tienen más de una condena, como en el caso de algunos de sus asistidos.
Otro de los argumentos en su pedido de absolución versó sobre el letargo y poca celeridad de los juicios. “Observamos que el juicio perpetró una violación al plazo razonable”, dijo. Además hizo mención sobre la situación jurídica de cada acusado.
Comando Radioeléctrico de la provincia de Córdoba
Destacó especialmente la situación de Martín Fernando Rocha, ex policía de la provincia de Córdoba, sobre el pedido de condena de cuatro años por parte de la fiscalía. Referido al hecho número 5°, que tiene como víctima a Wenceslao Vera.
Rocha formaba parte del Comando Radioeléctrico de la provincia al momento del secuestro de Vera, según la documental y los testimonios referidos en las audiencias. Esta área al igual que el resto de las dependencias de la policía provincial, estaba inserta en la estructura represiva comandada por el Tercer Cuerpo de Ejército.
Este Comando fue condenado en juicios anteriores debido su participación en diversos operativos de secuestro en el marco del terrorismo de Estado en la Argentina.
En dicho proceso (año 2012) se juzgó el fusilamiento de los estudiantes universitarios y militantes de la Juventud Peronista Universitaria, Ana María Villanueva, Jorge Diez y Carlos Delfín Oliva. Donde los ex policías recibieron duras condenas.
Sin embargo, la defensa cuestionó la prueba por la que se acusó a Rocha. Debido a que se remite a un documento que, si bien da constancia del accionar por parte del ex policía en un operativo del Comando Radioeléctrico, no menciona el lugar o la zona en donde se desempeñó.
Deslegitimó el testimonio del hermano de Wenceslao, Gustavo Vera. Aseveró que tiene “un interés en culpar a Rocha”. Argumentó que esto podría ser debido a la “memoria traumática” de las experiencias vividas durante el terrorismo de Estado.
Duras críticas contra el poder judicial
La defensa en su alegato, volvió a marcar la violación al plazo razonable. “Tanto Barreiro, Diedrichs, Vergéz, y Rocha han pasado por más de dos procesos. Todos los hechos han ocurrido durante el mismo contexto histórico del llamado terrorismo de Estado a partir de 1975-1976”, describió.
También apuntó a que “todos los hechos debieron ser juzgados en un solo proceso y no seguir arrastrando procesos que llevan más de 20 años”, mientras esbozo algunas críticas a los procesos llevados a cabo por delitos de Lesa Humanidad.
“Desde el 2008 hay estructuras permanentes destinadas solamente al juzgamiento a delitos de Lesa Humanidad. No se ha actuado con eficiencia y ni se ha arribado a demostrar los hechos concretamente”, sostuvo.
Bazán apuntó a terminar con “esta incertidumbre de seguir juzgando hechos con las mismas pruebas” y volvió a criticar el letargo de las causas, la falta de competencia y conexidad subjetiva.
En el cierre de sus conclusiones finales, esgrimió como excusa que en algunos casos no se conoce a donde fueron alojadas las víctimas durante su cautiverio y objetó que la mayoría de los testimonios no señalaron a los acusados ni los involucra a los acusados.
“Hay una gran severidad en el juzgamiento de los mandos medios, una clara falta de proporcionalidad porque les asignan la misma responsabilidad que a los altos mandos”, describió.
Además, afirmó que negar los atenuantes a estas personas en la situación en que se encuentran, debido a su estado de salud, es negar su condición humana.
Pedido de absolución
Antes de culminar, la defensa hizo mención del caso Ferreyra ventilado en las audiencias del juicio. Por el hecho se imputó al capitán retirado, Arturo Emiliano Grandinetti, quien fue el interventor a cargo de la Municipalidad de Cruz del Eje.
Según la Dra. Bazán las descripciones físicas realizadas en las audiencias por la testigo María del Carmen Pietri de Ferreyra no se condicen con las del ex militar. Además, de excusarlo porque “el hecho ocurrió a los cinco días de ser nombrado interventor”.
Finalmente, pidió la absolución de Martín Fernando Rocha. Destacó el pedido de nulidad de pena para Rocha, “en caso de resolución adversa dejo planteadas las reservas”, aseveró.
La defensa adhirió al pedido de absolución por parte de la fiscalía, solicitó que no se aplique el delito de desaparición forzada como pidió la querella.
Además, requirió que se dispusiera la absolución, por el beneficio de la duda, de los asistidos por dicha defensa: Héctor Pedro Vergéz, Ernesto Guillermo Barreiro, Arturo Emiliano Grandinetti, Luis Gustavo Diedrichs y Fernando Martín Rocha.
