El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de Córdoba –presidido por el juez Julián Falcucci secundado por Noel Costa y Fabián Asís– condenó ayer a los ex oficiales del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro y Carlos Enrique Villanueva y al ex suboficial Carlos Alberto Díaz a 24 años de prisión, por los secuestros y torturas –en un caso seguidas de muerte– de tres militantes de la izquierda peronista.
Las víctimas, Rubén Amadeo Palazzesi, José Jaime García Vieyra y Nilveo Teobaldo Cavigliasso, fueron secuestrados entre el 12 y el 22 de agosto de 1979 y recluidos en una casaquinta de barrio Guiñazú, usurpada por el Ejército y convertida en centro clandestino de detención. Sometidos a tormentos durante varios días, García Vieyra y Cavigliasso sobrevivieron, fueron trasladados a la cárcel y legalizados como presos políticos, pero Palazzesi fue asesinado durante una de las sesiones de tortura.
Oriundos de la ciudad de Oliva, Palazzesi y Cavigliasso eran cuñados y militaban en el Peronismo de Base (PB) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Incluso, en esa época Palazzesi integraba la conducción de la organización junto con Enrique Ardetti y Raymundo Villaflor, secuestrados en los días previos por un “grupo de tareas” de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Eso explica la presencia de represores de la Marina en la quinta de barrio Guiñazú, según el relato de los testigos sobrevivientes.
El tribunal resolvió unificar la sentencia con una anterior de prisión perpetua e inhabilitación perpetua.
En la sentencia del TOF2, cada uno de los acusados fue condenado como “coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad agravada –tres hechos–, imposición de tormentos agravados –dos hechos–, e imposición de tormentos agravados por resultado mortal –un hecho–”, y se les impuso la pena de 24 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Además, resolvió: “Unificar la presente sentencia con una anterior de prisión perpetua e inhabilitación perpetua, en la sanción penal única de prisión perpetua e inhabilitación perpetua”.
Al establecer la pena, el tribunal siguió el criterio que la fiscalía –integrada por Facundo Trotta y Carlos Gonella– había propuesto en su alegato. A su vez, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –Claudio Orosz, Eugenio Biafore y Ramiro Fresneda– había pedido que la muerte de Palazzesi fuera considerada “homicidio agravado por alevosía y ensañamiento”, con la consecuente pena de prisión perpetua. En cambio, la defensa pública –a cargo de Natalia Bazán y Rodrigo Altamira– pidió la absolución, invocando las demoras en la instrucción en perjuicio del derecho a defensa.
Nada nuevo para decir
Esa fue la única cuestión abordada en la instancia en que los acusados pudieron hacer uso de la palabra, horas antes de la sentencia. Muy locuaz en otros juicios, Barreiro se dedicó sólo a rebatir una afirmación de la fiscalía: “La doctora Bazán habló de la demora de esta causa en llegar a juicio, lo cual mereció como réplica que el fiscal dijera que se había demorado por culpa del causante, o sea yo, debido a los hechos de Semana Santa y la consiguiente promulgación de la ley de Obediencia Debida, que se había votado por miedo”.
Se refería a cuando en abril de 1987 se negó a concurrir a indagatoria en la Justicia federal y se amotinó en el Regimiento de Infantería Aerotransportada, dando inicio a la sedición Carapintada que desafió al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, asunto ya confesado en la Megacausa La Perla. “Formulé una hipótesis: demostrar por qué hubo miedo para votarla. Y no encontré ninguna prueba”, adujo esta vez Barreiro para luego argumentar: “En la audiencia del Congreso en que se votó la ley, 119 diputados votaron a favor y 59 en contra. De manera que evidentemente no había militares adentro con fusiles amenazando a los legisladores”.
A su turno, Villanueva fue aún más escueto, al formular al tribunal un paradójico pedido: “Tratándose estos juicios de reparación, sólo me queda recurrir a ustedes con la esperanza en el derecho y que no dejen morir mi derecho a la esperanza”. Por último, Díaz directamente renunció a hablar en su defensa.
De complicidades y saqueos
En las anteriores jornadas, los testimonios desnudaron la complicidad judicial con la represión, al relatar la arbitrariedad en la instrucción y separación de causas entre los consejos de guerra y los tribunales civiles. Pero sobre todo en la revelación de que la Justicia federal informó a familiares de Palazzessi y García Vieyra que el Ejército los tenía prisioneros, días antes del asesinato del primero y cuando el segundo todavía no había sido trasladado a la cárcel, una prueba de que el Poder Judicial conocía la existencia de centros clandestinos de detención y personas desaparecidas.
En la fase testimonial y la inspección ocular a la quinta de barrio Guiñazú pudo comprobarse que ese fue el escenario de los crímenes juzgados. Allí el sobreviviente García Vieyra reconoció los espacios en que estuvo más de diez días cautivo y sometido a golpizas y condiciones infrahumanas, y donde su amigo “Pocho” Palazzesi fue torturado hasta morir. Allí ofició de guía Silvio Viotti, miembro de la familia que junto al matrimonio de Juan Mogilner y María Irene Gavaldá –ambos desaparecidos– fueran despojados de la propiedad por el Ejército.
“En Córdoba siguió habiendo campos de concentración después de La Perla, y este fue uno. Además de las víctimas de esta causa, creo que por lo menos también estuvo prisionera aquí la gente de la Contraofensiva Montonera”, afirmó Viotti al finalizar la recorrida. Además de convertirse en espacio para la memoria, consideró que debe recuperar la impronta de aquel proyecto truncado por la represión: “Si logramos recuperar la quinta, vamos a trabajar para poner allí un emprendimiento de la economía popular”.
“Si logramos recuperar la quinta, vamos a trabajar para poner allí un emprendimiento de la economía popular”. Silvio Viotti
Al atestiguar en el juicio, los familiares de Palazzesi narraron un similar saqueo sufrido por la familia. Su viuda, Cristina Guillén, contó cómo los militares se apropiaron de dos casas de la familia y de un camping: “Nos robaron todo, hasta el karting de mi nena que tanto le gustaba”. Ella y su cuñada Stella Maris Palazzesi también fueron detenidas durante largos años y sometidas a consejos de guerra.
La coordinación entre las fuerzas represivas del Ejército y la Armada fue otro de los aspectos novedosos revelados por el juicio, en este caso para la persecución a militantes de PB y FAP en distintas provincias. “A Pocho (Palazzesi) desde acá (Buenos Aires) lo siguieron represores de la Esma y allá (Córdoba) lo estaba esperando otro grupo de represores, como que se pasaron la posta”, declaró Marcelo Ardetti, hijo de Enrique Ardetti, integrante de la conducción de PB-FAP asesinado en la Esma.
13 conquistas contra la impunidad
A más de dos años de finalizado el último juicio de lesa humanidad, Córdoba volvió a juzgar y condenar a represores de la dictadura cívico-eclesial-militar. Es la sentencia número 13 desde la anulación de las leyes de impunidad entre 2003 y 2005. El resultado de un arduo camino iniciado por la militancia por los derechos humanos durante la misma dictadura, luego acompañado, interrumpido o alentado desde el Estado en distintos momentos políticos en las cuatro décadas transcurridas desde el retorno democrático. Un resultado inconcluso, porque aún faltan los responsables civiles, eclesiales y empresariales. Un camino cada día más dificultoso, acelerado por el reloj de la impunidad biológica.
Por eso mismo, para quienes protagonizan y apoyan esta lucha, cada paso adelante es una conquista del pueblo y la democracia. Ayer, como en aquel 24 de julio de 2008 cuando se impuso a Luciano Benjamín Menéndez la primera de las 15 condenas –13 a prisión perpetua– que se llevaría a la tumba, el público que colmaba la sala principal de la torre de Arenal y Paunero rompió en aplausos para luego corear: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
