Promediaba la mañana del 27 de mayo de 2008 cuando desde la sala del TOF Nº1
comenzaba a escribirse una historia que marcaría a fuego a la sociedad cordobesa. Tras décadas de leyes de impunidad y luchas que no cesaron en el pedido de juicio y castigo, la Justicia sentaba en el banquillo de acusados a algunos de los principales responsables
de los delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro del país durante la última dictadura. Allí, Luciano Benjamín Menéndez, el máximo responsable de los crímenes
de Estado cometidos en el interior, iba a comenzar su derrotero de condenas a prisión perpetua. Lo acompañaban otros siete represores que fueron condenados por el secuestro, la tortura y el asesinato de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en diciembre de 1977.
EL VALOR DE LA PALABRA
Para la escritora María Teresa Andruetto, la importancia de los procesos que se abrieron
camino por aquellos días representa un “hecho fundamental para nuestra sociedad”. Consultada por Será Justicia, afirma: “Así como una parte importante de la población cerró
los ojos durante la dictadura, creo que debemos celebrar con orgullo el haber encontrado
esos garantes y referentes éticos que son los organismos de derechos humanos. Sobre todo esas mujeres, esas madres y esas abuelas”. Para Andruetto, la justicia se alcanzó en los juicios, que permitieron juzgar a los responsables de “la represión, la matanza y el robo de bebés”. Hace hincapié en la reparación que implicaron estos procesos para nuestra sociedad: “Hace poco me preguntaron si era posible ‘curar’ las heridas generadas tras haber vivido un trauma social de este tipo y yo veo dos cosas que colaboran en ese sentido: por un lado, el sistema de justicia que permite que estos juicios se lleven adelante como se han venido llevando, y por el otro, la educación y la forma en que se ha incluido en la currícula obligatoria la vinculación entre literatura y memoria. Creo que la literatura sobre la dictadura, que es muy vasta en nuestro país, puede ir a zonas cada vez más sutiles, porque los grandes dolores se pueden ventilar y juzgar en los tribunales. Del mismo modo, creo que justicia es una palabra perdurable que llega para fijar y construir un nuevo estado de cosas.
Una persona que vio avasallados sus derechos o los de alguien cercano encuentra que esa palabra le permite comenzar un duelo que le estaba siendo negado. Es como si el duelo quedara en suspenso hasta que llega la palabra autorizada, que es la palabra de los jueces sostenida por la palabra de los testigos”, afirma la reconocida escritora, a la vez que destaca el rol de quienes prestan su testimonio en cada una de las instancias procesales
de los juicios. “Debemos un gran respeto a aquel que con su cuerpo, su dolor y su experiencia soportó algo que le han hecho a él y a través de él le han hecho a la sociedad
a la que pertenece. Por eso, la suma de las palabras de los testigos, que han padecido
situaciones tan tremendas, con la palabra de la justicia, aparece como algo sólido
y contundente a contrapelo de estos tiempos de tanta liquidez”.
En su segundo juicio en Córdoba, Menéndez fue condenado junto a ex policías y civiles que formaron parte de la patota del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), que fue creado como división especial para perseguir, reprimir y exterminar a militantes populares y opositores políticos desde tiempos previos al 24 de marzo de 1976.
Durante el 2010, los tribunales cordobeses iban a ser protagonistas y testigos de otro hecho de envergadura nacional: sentado en el banquillo de acusados estaba Jorge Rafael Videla, que volvía a enfrentar a un tribunal de la democracia luego de que los indultos firmados por Carlos Menem dejasen sin efecto la condena por la que había sido puesto
en prisión en 1985. Menéndez, Videla y otros 29 represores fueron juzgados por los fusilamientos de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1), asesinados entre
abril y octubre de 1976. Fueron 63 audiencias y 110 testigos que conformaron la primera
megacausa cordobesa. Sirvió para sacar a la luz la connivencia de algunos sectores de la
Justicia provincial y la Iglesia Católica, que apañaron con acciones y omisiones al terrorismo de Estado en Córdoba.
MEMORIA Y FUTURO
Juan Cruz Komar es futbolista, juega en Talleres y entiende que los juicios pueden ser
analizados desde dos perspectivas: la personal y la social. “Para los familiares de los desaparecidos que perdieron a sus seres queridos durante el terrorismo de Estado, la realización de los juicios puede significar una especie de satisfacción por la llegada de la justicia, que honra la memoria de aquellas y aquellos que fueron asesinados”, señala el futbolista a Será Justicia. “Por otro lado, existe una connotación social y política que tiene
un claro mensaje que condena social y colectivamente esa clase de delitos. Hay una idea fuerte que advierte que no hay que olvidar y condenar para sentar también un lineamiento de cara al futuro. Me parece que durante los doce años de kirchnerismo se dio un proceso histórico que reivindicó todas esas luchas.
Creo que ha habido un retroceso a partir de la asunción del actual gobierno y que por eso, hoy más que nunca, todos y todas debemos estar alertas ante el riesgo que puede representar dar marcha atrás en lo relacionado con la defensa de los derechos humanos. Esto puede darse de diferentes formas, una de ellas es plantear ciertos discursos en la agenda que ponen en duda la mutilación que sufrió el país durante la última dictadura”.
El quinto juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba cambió de escenario. Era marzo del año 2012 cuando el TOF Nº2 juzgó y condenó a tres ex integrantes del Comando Radioléctrico de Córdoba por el asesinato de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en 1976. Fue el primer proceso de estas características que no tuvo a Menéndez sentado en el banquillo, aunque fue condenado por su responsabilidad en estos
crímenes tres años más tarde.
¿EL REGRESO DEL NEGACIONISMO?
Entre diciembre de 2012 y agosto de 2016, tuvo lugar el juicio más largo de la historia argentina y uno de los más importantes en lo que al juzgamiento por crímenes de lesa humanidad refiere. La megacausa La Perla sacó a la luz el accionar de todo el aparato represivo que funcionó en Córdoba: la operatividad de los centros clandestinos y los grupos
de tareas, las complicidades civiles, los intereses económicos en pugna y, por primera vez, el robo de bebés, que quedó expuesto en un proceso por el que pasaron 600 testigos
durante 350 audiencias. Fueron 28 los represores que recibieron cadena perpetua,
diez los condenados a penas menores que varían entre los dos y los 21 años, y cinco los
que resultaron absueltos. Se juzgaron crímenes perpetrados entre 1975 y 1978 sobre un
total de 716 víctimas.
Los tiempos políticos fueron cambiando de aire en el continente y en nuestro país,
que tras la victoria de Cambiemos en noviembre de 2015, se ubicó a la cabeza del regreso
de la derecha al poder político del continente. Las políticas viraron contra los trabajadores
organizados, los referentes populares y los políticos opositores. Una espontánea
movilización popular tuvo que salir a repudiar un fallo de la Corte Suprema de Justicia
que concedió el beneficio del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad, sentando un antecedente peligroso que sólo el unificado repudio popular logró dejar sin efecto. A comienzos de 2017, un desprendimiento del juicio de la UP1 terminó con tres
absoluciones, siendo el primer juicio de estas características en culminar sin condenas
en Córdoba. En este marco, Menéndez y otros tantos represores ya habían sido beneficiados con la prisión domiciliaria.
Para Diego Tatián, doctor en Filosofía y actual decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, el Gobierno intenta “desmontar las políticas de memoria, verdad
y justicia. Quisieron hacerlo con el fallo del 2×1 y la reacción social les demostró que no les iba a ser fácil avanzar en ese sentido. Hay una reserva democrática que está en el imaginario argentino y que se activa cuando estas cosas suceden”. El decano afirma que en
Argentina la institución judicial está muy deslegitimada, sobre todo en este último tiempo “en que sus herramientas se ponen a disposición de la persecución de políticos opositores y periodistas que dicen cosas incómodas”. De todas maneras, considera que “lo hecho hasta acá deja una marca que no se puede borrar y sobre eso se asienta la memoria del pueblo argentino. Obviamente que hay tensiones y que se dan sobre todo desde las estrategias del Gobierno. Con el indulto, Menem decidió trazar una línea y ‘cerrar un capítulo’. El macrismo no busca bloquear la memoria como se hizo en los 90, sino que busca instalar la lectura que ellos llaman ‘memoria completa’. Cambiemos busca fundar una narrativa donde no se niega el pasado, sino que se busca sustituir la política de memoria, verdad y justica.
Esto requiere una alerta democrática para no empezar a dar pasos atrás en un tema tan caro a toda la sociedad argentina”, sentencia Tatián. El filósofo entiende, precisamente, que uno de los mayores aportes de estos juicios radica en “impedir que el negacionismo prospere”. Al respecto, reflexiona: “El negacionismo es algo muy frecuente que tiene muchas posibilidades de prosperar si no se toman los recaudos jurídicos, culturales y sociales para establecer la verdad de los hechos.
Los juicios terminan por demostrar que los conceptos de verdad y de justicia son inherentes. Una sociedad que ha sido capaz de condenar crímenes atroces es una sociedad
verdadera. Existe en nuestro país una línea de interpretaciones que quiere desactivar la tramitación jurídica para llegar así a un relato que diera cuenta de una verdad que se mantiene oculta. Creo que es un error pensar que los victimarios estarían dispuestos a confesar sus crímenes si se les perdonasen las penas. Tenemos que comprender que los conceptos de memoria, verdad y justicia se implican mutuamente y que una sociedad
con más justicia es más verdadera”.
Parte de la complicidad judicial quedó expuesta en el juicio que pasó a la historia como Causa de los magistrados, en la que el TOF Nº2 condenó al ex juez federal Miguel Ángel Puga y al ex fiscal federal Antonio Cornejo a tres años de prisión por encubrimiento
agravado, y absolvió al ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez y
al ex defensor oficial federal Ricardo Haro. Con el panorama nacional cada vez más enrarecido por la represión en las manifestaciones populares y la creciente militarización
de algunas zonas del país, los juicios encontraron su fuerza para seguir abriéndose
paso. La última condena en Córdoba es motivo de esta edición de Será Justicia (ver nota
en página 3). Diez años atrás se abría un nuevo camino en nuestra provincia. Ese rumbo se sostiene hoy por el empuje y la militancia que perdura desde hace más de 40 años y que resiste a los embates de los relatos y las operaciones amparándose en las banderas de siempre: la memoria, la verdad y la justicia.
