Joaquín Paredes, un adolescente de 15 años fue baleado por la espalda y muerto por miembros de la Policía de Córdoba, lo que generó indignación y protestas en la localidad de Paso Viejo y en la ciudad capital del departamento Cruz del Eje. Otros dos chicos de 15 y 17 años también sufrieron heridas de armas de fuego, pero ya están fuera de peligro.
A eso de las 4 de la mañana del domingo 25 de octubre, Joaquín Paredes y un grupo de amigos escuchaban música y tomaban algo en un espacio público. Estaban entre el dispensario y la radio de Paso Viejo cuando un móvil policial se detuvo frente a ellos y sus ocupantes les ordenaron retirarse. No les dieron ni un minuto para cumplir la orden. Junto a otro vehículo policial dieron la vuelta a la manzana, descendieron y ante la huida de los jóvenes efectuaron varios disparos. Uno de ellos impactó en la espalda de Paredes, que cayó al piso.
La balacera
“¡Le pegaron a Joaquín! ¡Que alguien nos ayude! ¡Una ambulancia!”, los escuchó gritar una vecina que presenció los hechos. “Los chicos empezaron a golpear en el dispensario para que los atendieran. Supuestamente, la enfermera que tenía miedo no quiso salir. Joaquín Paredes estaba herido y había dos más. Y supuestamente, la ambulancia no podía salir porque no tenía autorización. Los chicos vinieron acá a la Policía, y los corrieron a balazos. La balacera era terrible. Yo vivo a dos cuadras y media y llegaban las balas ahí. Cuando lo llevaron a Joaquín ya habían pasado más de cuarenta minutos y lamentablemente… estaba muerto”, relató.
“Los chicos empezaron a golpear en el dispensario para que los atendieran. Supuestamente, la enfermera que tenía miedo no quiso salir. Joaquín Paredes estaba herido y había dos más. Y supuestamente, la ambulancia no podía salir porque no tenía autorización».
La mujer también aseguró que los jóvenes no estaban armados ni hacían otra cosa que beber y escuchar música. También sufrieron heridas de bala calibre 9 milímetros Jorge Navarro (18) –en el tobillo y la pantorrilla izquierda–, y Brian Villagra (15) –en el brazo derecho–, además de una fractura de fémur, aparentemente producto de la caída. Ambos debieron ser trasladados 50 kilómetros hasta el Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje, donde se recuperan.
Mientras tanto, con la Policía ausente en la escena del crimen y las víctimas sin auxilio institucional, la noticia corrió entre los habitantes de Paso Viejo. La impotencia trocó en indignación. Hubo protestas frente a la comisaría y el dispensario municipal, donde se registraron algunos enfrentamientos y roturas.
Durante la mañana, la fiscal de Cruz del Eje Fabiana Pochettino se trasladó a Paso Viejo y ordenó el apartamiento y detención de los cinco policías involucrados. Los agentes Enzo Ricardo Alvarado (28), Maykel Mercedes López (24), Iván Alexis Luna (25), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33) están imputados por homicidio agravado y heridas graves calificadas por su condición de funcionarios de seguridad.
Una versión para “culpar a la víctima”
La versión oficial, emitida desde la Dirección General Departamentales Norte de la Policía, indica que hubo una denuncia anónima al 101 porque alrededor de veinte personas “estaban causando disturbios”. Al acudir al lugar y “verse superados en número por los agresores”, efectuaron disparos al aire para intentar disuadirlos. El relato se contradice con el citado y otros testimonios de vecinos, que aseguran solo había nueve chicos y no presenciaron agresión alguna de su parte.
“Está circulando mucha información errónea y claramente es una estrategia de la policía, pero nada de eso es verdad. Están mezclando lo que pasó después, cuando unos veinte vecinos en medio del dolor por la muerte de Joaquín Paredes fueron a la comisaría y rompieron la ventana y una luneta de un móvil policial. Son los mismos vecinos que tuvieron que auxiliar a los chicos, algunos llevando a los heridos a Cruz del Eje en sus autos particulares y otros que se quedaron con Joaquín en el piso”, dijo a Desafíos Urbanos Susana Rosales, ex profesora del chico Paredes en el IPEA N° 306 de Paso Viejo.
Repudio generalizado: “No son acciones aisladas”
Mientras tanto, la indignación y el repudio se extendían al resto del departamento, a la ciudad cabecera y a Córdoba capital. Desde la delegación Cruz del Eje de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, expresaron: “Nos invade una profunda preocupación por las acciones de violencia ejercidas por la Policía de la Provincia de Córdoba, frente a hechos que a diario ocurren con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Frente a esta tristísima situación, la UEPC acompaña en el dolor de la familia y a toda la comunidad educativa del IPEA Nº 306”.
Para la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje, esta nueva muerte derivada del abuso policial “evidencia la impunidad con la que las fuerzas de seguridad operan, haciéndolo de manera arbitraria, violando los principios elementales de la democracia y sin ningún tipo de control político ni judicial sobre las mismas, ni de las instituciones que deben llevar adelante la política de seguridad en todo el territorio provincial. Necesitamos y exigimos, como ciudadanxs, una respuesta efectiva de la Justicia y del poder político para que estos hechos aberrantes no sólo no queden impunes, sino que no vuelvan a ocurrir”.
Por su parte, el Movimiento Campesino y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, denunciaron: “Estas no son acciones aisladas, vivimos todos los días en nuestros pueblos y ciudades el hostigamiento y persecución permanente de la policía de Córdoba contra los jóvenes de los sectores populares. Por eso mismo, creemos necesario dar la discusión urgente de un modelo de seguridad pública basada en valores democráticos, inclusivos y solidarios. No queremos ni un pibe más asesinado por el gatillo fácil de la policía”.
Respuesta oficial: El protocolo “Joaquín”
En lugar de recambios de cúpulas policiales y/o ministeriales, esta vez hubo una respuesta oficial distinta: el esbozo de un marco regulatorio para evitar la violencia desmesurada y a la postre criminal de la fuerza de seguridad pública. El Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la provincia de Córdoba, elaborado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Policía y el Ministerio Público Fiscal, se inspira en el “paradigma de la policía de proximidad”, que “implica el trabajo policial profesional en el desarrollo de estrategias de prevención y conjuración del delito y la promoción de la convivencia, construyendo lazos de confianza con la ciudadanía”.
En el artículo 8, que establece el “uso prohibido de la fuerza”, el ítem l indica: “Utilizar el arma de fuego directamente o como herramienta de disuasión frente a la huida de un control vehicular, la fuga de una persona legalmente aprehendida o perseguida para aprehender o la falta de cumplimiento de una orden verbal, salvo que se encuentre en riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial y/o la de terceras personas”. Exactamente lo que ocurrió en los últimos trágicos casos de gatillo fácil en Córdoba. El Artículo 11, titulado Asistencia a post intervención y comunicación a familiar, dice: “Si del uso de la fuerza derivara en una afectación a la integridad física o psíquica de una persona, el personal policial interviniente deberá procurar de forma inmediata su asistencia médica”. Exactamente lo que no ocurrió.
Como la Ley Micaela –que obliga a capacitarse en género y violencia de género a quienes ocupan cargos públicos– debe su nombre a Micaela García, aquella joven militante del Movimiento Evita que en 2017 fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay, así este protocolo por lo menos debería llevar el nombre de la última víctima del abuso policial en la provincia. Si es que con esta norma se pretende iniciar el camino de un Nunca Más a la violencia institucional.
Séptima víctima en cuarentena
El 25 de septiembre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentaron al gobernador Juan Schiaretti una nota “por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses”, acrecentados por las “facultades de control de la restricción de circulación delegadas a las fuerzas de seguridad” en contexto de pandemia.
El 25 de septiembre, CELS y la Facultad de Ciencias Sociales (UNC) presentaron al gobernador una nota “por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses” en contexto de pandemia.
En ese escrito informaban seis muertes por disparos policiales desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en Córdoba: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28); en barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23); en Los Paraísos, Osvaldo Nicolás Velázquez (34); en Villa El Libertador, José Antonio Ávila (35), y en el Centro, Valentino Blas Correas (17). Los dos casos más recientes –igual que ocurrió con Joaquín Paredes– mostraron esa tendencia a disparar ante la mera sospecha o el no acatamiento de una orden de detención, entre otros abusos que el nuevo protocolo pretende evitar.
José Ávila, trabajador de la construcción, murió en la madrugada del 4 de julio en barrio Villa El Libertador, baleado en el pecho por dos policías de la División Motocicletas. Los cabos primeros Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez fueron detenidos y la fiscal Eugenia Pérez Moreno les imputó los cargos de homicidio doblemente agravado por la función y el uso de arma de fuego, además de la acusación de abandonar a la víctima y no reportar el hecho.
El 6 de agosto, Blas Correas fue muerto por otro proyectil policial en el Centro de Córdoba. El chico iba con cuatro amigos del colegio en auto por avenida Vélez Sársfield al 4500. Luego contarían que dos motociclistas intentaron robarles y por eso aceleraron hacia el Centro y no se detuvieron en un control policial. Los policías les dispararon. El auto recibió al menos cuatro impactos de bala. Uno ingresó por la luneta trasera y dio en la espalda de la víctima. El amigo que conducía aceleró y lo llevó al sanatorio privado Aconcagua, donde se negaron a atenderlo. Camino al Hospital de Urgencias los interceptaron dos patrulleros. Blas ya estaba muerto.
El caso de Joaquín Paredes tuvo como escenario un tranquilo pueblo del noroeste cordobés, cuyos habitantes no se imaginaban despertar un domingo a sangre, fuego y muerte.
