Por Nahúm Mirad
Asumir la comunicación como mercancía o derecho humano –dos paradigmas en discusión– explica las formas de entender y actuar sobre la totalidad del andamiaje social, implica la organización de la sociedad desde la lógica del mercado o desde la lógica de la solidaridad.
Sobre la base de la comunicación, los procesos de evolución y revolución fueron acuñando las distintas fases de nuestra vida en sociedad. Esta capacidad humana se volvió, con el andar de la historia, un producto de diseño tecnológico que fue elaborando lenguajes cada vez más sofisticados e instrumentos de creciente complejidad para masificar y transmitir a contemporáneos.
Tras la aparición del capitalismo, los avances por convertir la comunicación en diferentes formas de mercancía fueron in crescendo. La digitalización de la información y la interrelación de medios permiten aumentar el nivel de influencia social, de consumo… basado en la capacidad de procesar datos de la interacción de los ciudadanos, lo que se deriva en tareas de espionaje social a gran escala, análisis masivo de comportamientos, insumo para la guerra electrónica y la economía del conocimiento, etc.
El dato más importante es que al estar impulsada por la lógica de mercado esta red termina enlazada por los conglomerados empresarios concentrados y articulados desde el sector financiero.
Voces múltiples
La crítica a este modelo comunicacional fue elaborada en 1980 mediante el conocido Informe MacBride (llamado Voces múltiples, un solo mundo), publicado por la Unesco. El organismo internacional sugería un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. La idea se originó en 1977, cuando el irlandés Sean MacBride se refirió en la Unesco al papel de la prensa y su importancia en la sociedad. El discurso se centró en las presiones económicas, financieras y políticas que sufrían los medios del momento, que tenían su origen en los intereses de las multinacionales de los grandes grupos de comunicación.
MacBride insistía en que la integración de los medios era un punto imprescindible para el desarrollo mundial. El informe hacía hincapié en que era de extrema necesidad que los países del tercer mundo pudieran alcanzar los avances tecnológicos con el fin de mejorar los flujos de comunicación. Esa “popularización” del acceso a la información debía darse bajo la lógica del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y teniendo en cuenta el derecho de los ciudadanos a acceder libremente a las fuentes de información.
Una doctrina para Argentina y Latinoamérica
La preminencia del plan norteamericano es la que consolidó el sistema de medios concentrados bajo la lógica mercantil en nuestro país. Con la cesión de la única planta papelera a un grupo económico (Papel Prensa), se articula desde allí toda la actividad de prensa en Argentina. Más tarde, la aprobación de la Ley de Radiodifusión ancló la actividad en la perspectiva de la comunicación como bien transable y –bajo la Doctrina de Seguridad Nacional– contra el enemigo interno, dejando fuera de la posibilidad de ejercer la actividad a organizaciones sin fines comerciales, de base solidaria y democrática. A tal punto que varias organizaciones, entre ellas cooperativas, debieron entregar licencias y equipos a autoridades de facto, terminando en manos de los grupos económicos, con el transcurso de los años.
El aspecto mercantil se exacerbó durante el gobierno menemista al ampliarse la cantidad de licencias posibles de acumular, mientras se persiguió y judicializó la actividad radiofónica de pymes y organizaciones sociales. También el Estado nacional neoliberal cedió la mejor parte de las privatizaciones del desarrollado esquema público de comunicaciones a grandes grupos comunicativos. De todos, el Grupo Clarín fue el que más acumuló en estos procesos.
El desafío de construir un nuevo paradigma comunicacional
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la comunicación necesariamente debe encontrar su accesibilidad desde la clara y precisa definición de los servicios públicos, regulables y garantizables por la acción estatal, entendiendo bajo este concepto la convergencia de las infotelecomunicaciones. A seis años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde esta perspectiva, el gran desafío no es aplicar u “ocupar” una ley, sino consolidar un sistema de medios que articulen el sector privado con criterios comerciales, considerando como principios la comunicación como servicio público, la integración asociativa y el desarrollo de contenidos multiplataformas que permitan “ocupar” integralmente territorios digitales, sociales, culturales y políticos.
Pensar la comunicación como servicio público y los medios como sus plataformas de acceso, implica salirse del paradigma de la escasez, fundador de la mercantilización. La perspectiva del servicio público se apoya en la idea de garantizar la accesibilidad de la ciudadanía a bienes esenciales, volviéndolos masivos.
Desde la lógica de la comunicación como derecho humano, pensada desde el servicio público, desde el sector privado comercial no concentrado (pymes) y desde el sector privado sin preminencia en lo comercial (cooperativas, mutuales, etc.), la estrategia es desarrollar escala, poder de mercado, de producir, de comercializar, de planificar, etc. integrando desde la diversidad de manera distribuida.
La planificación de la comunicación, en la era de la convergencia tecnológica, no se realiza pensando en televidentes, lectores o radioescuchas por separado. Se piensa desde el punto de vista de la ocupación territorial de manera integral, por las múltiples vías de comunicación articuladas.
Sobre estos tres puntos, estamos discutiendo un cambio de paradigma para pensar el modelo sustentable de la actividad para el llamado sector no comercial y el sector comercial no concentrado en Argentina. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una herramienta fundamental, de las muchas que implica la perspectiva que impulsamos.
