Llegamos al final del doceavo juicio por delitos de Lesa Humanidad en Córdoba. Hemos atravesado un año excepcional, en todo sentido. Salimos de una pandemia neoliberal y nos encontramos con otra, invisible pero más mortal.
Aterrizamos en la virtualidad y desde allí aprendimos a leer el mundo con otra lógica. Por primera vez en este pedazo de historia el mundo ha sido solo número en contagios, muertes, ciencias. También se polarizó en teorías conspirativas, en un abanico que abarca desde las filosóficas hasta las económicas. Sin dudas, esto marcará un antes y un después en la historia. Pero el rumbo de los sueños no se detiene, al menos para quienes tenemos como horizonte la justicia.
Fue complicado transitar los testimonios en la virtualidad. Faltaban los abrazos, la consigna codo a codo en las calles y sobre todo faltó el “acá estamos, no están solos ni solas”. Si bien hubo cientos de pantallas encendidas, el calor de la sociedad no llegó a la sala de audiencias ni a quienes brindaron sus testimonios. Pero siempre estuvo la mirada atenta a quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar el debido proceso y juzgar e interpretar cada hecho relatado.
Argentina es un modelo mundial en este sentido. Fueron las Madres quienes empujaron las decisiones políticas que nos permitieron llevar a juicio a los genocidas, algunos gobiernos decidieron ignorarlas y otros apoyarlas, pero siempre fue necesario que existiera voluntad política para llevar a cabo cada una de las acciones que el poder judicial debe poner a disposición para estos casos.
Algo está mal en estos tiempos y en este lugar
La demora que vienen teniendo los juicios tiene como consecuencia la impunidad biológica y la ausencia de justicia para familiares y víctimas. La falta de presupuestos asignados hace que los recursos sean cada vez más escasos, por lo tanto, las etapas de instrucción tardan años. Sin personal suficiente, cuando se decide buscar la prueba resulta obvio que ya no está donde se pensaba. Todo ello tiene su impacto en el juicio oral, donde la investigación debería estar más avanzada y lista.
Entonces presenciamos situaciones inéditas. La fiscalía exigiendo a testigos que aporten minuciosos detalles como pruebas: Nombres, lugares, colores de baldosas… ¿Vestía un uniforme azul o verde? ¿O de civil? ¿Cuánto tiempo tardó el viaje de tal a cual lugar, mientras estaba encapuchada y esposada? Los testigos hacen el esfuerzo, describen situaciones, hechos, eventos tan terribles como el tiempo de espera. Afirman que una patota saca a una víctima de su casa a la vista de los vecinos. Esa víctima es vista en otro lado y aparece el cuerpo con un balazo en la cabeza… “Son indicios, no echan luz sobre el lugar donde estuvo”, replica la fiscalía.
Todo lo que estamos esperando que confiesen los acusados, todo aquello que el Poder judicial tardó décadas en investigar, todo lo que ya deberíamos saber, se pretende que lo digan las mismas víctimas.
Los organismos de DDHH de Córdoba nos hemos caracterizado por el respeto al derecho de los acusados, aún sin estar de acuerdo con las condenas. Pero nos llama la atención que en algunos casos haya tantos pedidos de absolución, cuando está mucho más que comprobada la existencia de un plan sistemático y la articulación entre las fuerzas para ordenar el circuito represivo, ocultar las pruebas y no dejar rastros.
De lo que sí estamos convencidos es que una justicia así no alcanza. Fueron muchos años de espera, mucho trabajo recorrido y vemos que de esta manera las víctimas no obtienen respuesta ni los culpables, castigo.
A estas alturas, con tantos juicios acumulados y demorados, con tanta impunidad biológica, con tantos recursos recortados, tenemos derecho a preguntarnos ¿Será falta de voluntad?
Las Madres, quienes exigieron que la defensa de los DDHH sea una política de Estado, ya no están. Pero quedamos muchas generaciones dispuestas a librar esa batalla y continuar con su legado.
