En la decimoquinta audiencia, la jueza a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, Carolina Prado, dio inicio a la recepción de las conclusiones finales. En este caso, luego de la ampliación indagatoria del imputado José Hugo Herrera, los abogados Lyllan Luque y Claudio Orosz dieron inicio a la etapa de alegatos de la querella del juicio.
Este proceso juzga a 18 ex militares y policías por secuestros, torturas y homicidios durante el terriorismo de Estado en la Argentina. Entre ellos se encuentran: Exequiel Acosta; Ernesto Guillermo Barreiro; Carlos Alberto Díaz; Luis Gustavo Diedrichs; Calixto Luis Flores; Miguel Ángel Gómez; Arturo Emilio Grandinetti; José Hugo Herrera; Yamil Yabour; Ricardo Alberto Lardone; Arnoldo José López; Alberto Luis Lucero; Juan Eduardo Molina; Emilio Morard; Fernando Martín Rocha; Héctor Pedro Vergez, Carlos Meira y Carlos Alfredo Yanicelli.
El juicio se compone a partir de la acumulación de las causas Diedrichs y Herrera. Sobre los delitos que se juzgan, en la causa Diedrichs son tres hechos cometidos entre el 29 de junio al 15 de agosto contra 7 víctimas. En la causa Herrera los hechos fueron cometidos entre el 26 de marzo al 10 de septiembre de 1976 en perjuicio de 43 víctimas.
Detalles de los alegatos
«Querellamos en conjunto por la familia Arias Cuello, Soulier Díaz Ríos, Mónica Solodky de Donemberg”, señalaron ambos como representantes de los organismos Hijos y Familiares de Desaparecidos al dar inicio a los alegatos de la querella.
Por su parte, el abogado Claudio Orosz destacó su representación exclusiva ante la causa del asesinato de Claudio Román como funcionario público del Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos en la Secretaría de DDHH de la Nación.
En sus alegatos, pidieron prisión perpetua para los imputados por cuatro de los hechos que juzga el proceso. Se trata del secuestro y desaparición de Miguel Ángel ‘Coqui’ Arias, Hugo Donenberg, la familia Soulier y Claudio Román.
Además, Orosz destacó: “Vamos a hacer uso de todo tipo de prueba, todos aquellos indicios que nos lleven a una única conclusión”. Lo hizo con el objetivo de dar “por probada la participación responsable a quienes hemos acusado en los requerimientos”.
Miguel Ángel ‘Coqui’ Arias
La abogada Lyllan Luque se refirió al secuestro y desaparición de Miguel Ángel ‘Coqui’ Arias. Secuestrado en junio de 1976 de su propia casa por las fuerzas represivas.
En sus conclusiones finales, Luque afirmó: “Para nosotros, fue llevado al campo de exterminio La Perla, igual que muchos de sus amigos y compañeros”. Arias estudiaba en el Instituto Nuestra Señora de Loreto y era militante de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL 22).
Además, repasó las declaraciones de familiares de la víctima. Entre ellas, las últimas declaraciones del actual ministro de educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Walter Grahovac. Destacó la acusación pública contra el ex funcionario menemista Julio César Aráoz llevada a cabo durante las audiencias.
Delitos contra la integridad sexual y en perjuicio de la niñez
Otro de los aspectos tratados durante los alegatos de la querella fueron los delitos vinculados a la integridad sexual, el secuestro y las vejaciones que sufrió Sebastián Soulier, un bebé de meses en 1976. “Chicos privados de su libertad, objeto de botines de guerra y de tortura”, afirmó Luque.
Destacó los testimonios brindados por la familia Soulier y la relación con el caso Arias.
También, hizo mención de la extorsión psicológica y económica sufrida por parte de los militares luego de que sus hermanos fueron desaparecidos.
En su alegato, la abogada señaló el sometimiento de niños y de mujeres “como objetos de tortura o para torturar a otros”. Además, apuntó contra los responsables de tales tormentos perpetrados “no fue circunstancial: sabían y querían lo que estaban haciendo los acusados. (…) Era un plan sistemático y generalizado de represión a opositores”, incluyendo a niños”.
Los crímenes de violencia sexual fueron parte del plan represivo de la última dictadura. Sin embargo, las silenciaron durante décadas, debido al terror y las graves secuelas que generaron en sus víctimas.
El avance de las causas permitió que ese tipo de delitos puedan pasar a ser considerados autónomos de otros cometidos por los genocidas. Asimismo, las agresiones sexuales pudieron ser distinguidas de las torturas, lo que permite dimensionar la violencia de género en los crímenes de lesa humanidad.
Hugo Donenberg: el chico judío de La Perla
Luego retomó la palabra el abogado querellante, Claudio Orosz, para referirse al caso de Hugo Donenberg, donde detalló la persecución a militantes de la Juventud Guevarista y especialmente a quienes eran o iban a ser conscriptos.
Repasó la declaración de Mónica Solodky, viuda de Donenberg. Destacó que a Hugo, por “testimonios e indicios unívocos indican que lo llevaron a La Perla”, donde habría sido salvajemente torturado y asesinado estaqueado al sol. Un claro hecho de antisemitismo.
En el cierre de sus conclusiones finales, Orosz se refirió al secuestro y posterior asesinato de Claudio Román, integrante del centro de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios.
“Está probado que estuvo en La Perla en julio de 1976, cuando la cuadra se llenó de lo que los represores llamaron ‘los chicos del Belgrano”.
Asimismo, el abogado destacó la persecución que sufrieron los jóvenes por parte del ex rector Tránsito Rigatuso y el ex docente Hugo Lafranconi, y dijo que “Román era uno de los blancos que Menéndez ordenaba identificar y aniquilar”.
Explicó que este crimen fue en el marco de un “cinco por uno” implementado por Menéndez: esa acción le habría costado la vida a dos jóvenes cautivos de La Perla y a tres detenidos en la UP1, entre ellos el padre del actual juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Perpetua para los acusados
Orosz también apuntó contra los acusados de ambas causas, Driedichs-Herrera, “los testimonios y los legajos de los imputados los ubican en el lugar al momento de los hechos” precisó, y dijo que el imputado “Diedrichs es el hombre de atrás, el que domina el hecho”.
Finalmente, los abogados solicitaron -durante los alegatos de la querella que sucedieron el pasado jueves 10 de diciembre-, la pena de prisión perpetua para todos los imputados por estos hechos, que en el marco de condenas ya recibidas gozan en muchos casos de prisión domiciliaria.
En la próxima audiencia, con fecha para el miércoles 16 de diciembre desde las 10 de la mañana, desarrollará sus conclusiones finales el fiscal Maximiliano Hairabedian.
