En una instancia extraordinaria, el imputado Arnaldo ‘Chubi’ López, solicitó al Tribunal Oral Federal N°1 conformado por el Dr. Julián Falcucci, la Dra. Carolina Prado y el Dr. Jaime Díaz Gavier, la ampliación de declaración indagatoria.
El genocida Arnaldo ‘Chubi’ López cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros. Fue condenado en 2016 en el marco de la megacausa «La Perla-La Ribera», luego de haber sido imputado por 1.037 delitos.
López fue un torturador del ex centro clandestino de detención La Perla, así lo confirman los sobrevivientes. Fue Personal Civil de Inteligencia del Ejército e integrante de la denominada ‘patota’ de La Perla.
Chubi López: «No importan las pruebas»
La estrategia del acusado apuntó a desacreditar los procesos judiciales anteriores y el que está en curso, al que consideró falto de imparcialidad por parte de los jueces. Señaló que “no importan las pruebas, ya está todo signado, ya está todo terminado”. También se atrevió a cuestionar el número de desaparecidos por el terrorismo de Estado.
Entre las diversas estrategias anteriores del represor para obtener impunidad, en 2017 solicitó el beneficio del 2×1 ante la Justicia Federal. Fue el primero en pedir la polémica medida otorgada por la Corte Suprema de la Nación en el caso de Luis Muiña –Expediente «BIGNONE, Benito A. y otros/recurso extraordinario». Además, estuvo prófugo de la Justicia durante cinco años y fue detenido recién en 2007.
El ex agente de Inteligencia, admitió durante la décima audiencia del juicio Diedrichs-Herrera, haber participado del Operativo Independencia en Tucumán, acciones violentas del terrorismo de Estado que se desarrollaron previamente al golpe del 24 de marzo de 1976.
El público lo escuchó, el tribunal tomó la debida nota, y la situación procesal continuó su curso sin modificación alguna.
Cabe destacar que la impunidad biológica es otra de las luchas que enfrentan estos procesos históricos, la de juzgar a tiempo y en vida a los autores de los hechos sucedidos hace más de 40 años. La mayoría de los acusados cumple prisión domiciliaria por condenas anteriores, sólo cuatro cumplen cárcel efectiva.
