Nos encontramos frente a una nueva sentencia de un juicio por delitos de lesa humanidad. En un contexto nacional adverso y complejo, en el que vemos caer políticas de Estado, como la de Derechos Humanos, que creímos ya consolidadas en nuestra Patria.
Desde su comienzo, pensamos estos juicios como etapas de un proceso que permitiera a la sociedad ejercer una memoria activa para re-conocer y tomar conciencia de la magnitud del Terrorismo de Estado para que nunca más se repita ese horror… “El crimen olvidado se extingue con el olvido, el crimen va a sobrevivir solamente si la memoria lo mantiene presente».
En términos estrictamente judiciales, los juicios en Córdoba empezaron en el 2008. En estos 16 años se realizaron 13 juicios, el que ahora finaliza será el número 14. Pero esta historia comenzó mucho antes. Para llegar aquí fue necesaria una movilización constante durante años, que en 2003 finalmente tuvo una respuesta institucional positiva: se dictó la nulidad de las leyes de impunidad y comenzó a ser efectiva una política de Estado que promovió los juicios a los genocidas.
Un legado para la historia
El camino fue arduo. Durante décadas en la agenda pública seguía latiendo el trauma social que dejó la dictadura. Por eso estos juicios han sido un ejemplo para el mundo. Argentina juzgó los crímenes del terrorismo de Estado con sus propias estructuras judiciales, con el mismo contexto jurídico normativo con el que se juzgan otro tipo de delitos y sin apelar a ninguna legislación ni a tribunales especiales. Lo hicimos con el Poder Judicial que tenemos y con las leyes vigentes, instituciones que distan de ser perfectas pero que indudablemente se asientan en un sistema democrático.
Estos juicios son un legado histórico. Todo ha quedado y va a quedar registrado allí, en los documentos, en los tribunales, en la compleja mecánica de un juicio oral y público. Nos permitieron recordar, expresar y reconstruir los tramos más dolorosos de la historia de la dictadura con la potencia del relato de testigos y víctimas en primera persona, cuando todavía su memoria está viva, antes de que sólo quede el frío registro de la historia.
Pero el inexorable paso del tiempo también supone un riesgo. Nos hemos adentrado en una etapa en que se están muriendo los genocidas acusados y también los testigos y los familiares. Muchas causas aún restan por ser juzgadas pero los imputados ya no están. Igual pediremos que se acepten los testimonios, como en las épocas e los primeros “juicios por la verdad”. En los próximos años sólo vamos a poder saber lo que pasó a través de lo que leemos, no de lo que nos cuentan. Quizás se aproxima el momento en que se invierta la consigna de que memoria y verdad garantizan justicia. En el futuro, será este proceso de justicia el que garantice la verdad y la memoria histórica. Mientras tanto, sostendremos nuestra lucha interminable para disputar los sentidos de la memoria, sin dejarnos ganar por la impotencia y el desánimo.
Presente y futuro
En la Argentina de hoy, afrontamos el reto de sostener la vigencia de la memoria colectiva que fuimos capaces de construir. Nos encontramos con un gobierno nacional negacionista y reivindicador del Terrorismo del Estado que no está interesado en las políticas de Estado sobre derechos humanos y decidido a disputar esa memoria con tergiversaciones y mentiras. La influencia que esto genera sobre las nuevas generaciones puede ser definitoria para el futuro.
En este escenario, se resignifica la importancia de los juicios por delitos de lesa humanidad y nuestra urgencia presente de poner la esperanza en las generaciones venideras. Como siempre sucede, son ellas quienes tomarán la posta de la incesante transmisión de la memoria, ese valioso patrimonio nacional que ya pertenece a todas y todos. Estamos ante un momento que es una bisagra de la historia, en que nuestro desafío será también un aprendizaje: interpelar a nuestra juventud, conmover su sensibilidad, estimular su rebeldía y su profundo sentido de justicia, para que la Memoria siga siendo una construcción vital, necesaria y permanente.
Este es un documento conjunto de:
Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
